El contrato para gestionar la ayuda a domicilio continúa aún en el aire desde que el pasado mes de abril saliera a concurso público y después de que el acuerdo con el grupo Ralons Servicios y Ralons Salud finalizase en enero tras dos años de prórroga. Tres de las nueve empresas que se han presentado al concurso público han presentado alegaciones por las ofertas económicas y servicios que ofrecen sus contrincantes. En juego 34,4 millones de euros por dos años, prorrogable a dos más.
El concurso público no está en el listado de los asuntos que se tratarán hoy en la mesa de contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por lo que la situación podría prorrogarse un tiempo más.
Discrepancias en el gobierno tripartito -PSOE, Las Palmas Puede y Nueva Canarias- podrían estar frenando la adjudicación del servicio al querer la Concejalía de Cohesión Social adjudicársela a una empresa que presenta una oferta sobredimensionada. Es decir, que ofrece más horas de trabajo con respecto a varios servicios que lo indicado en los pliego y sobrepasan la media de todas las ofertas. Mientras que la Mesa de Contratación exige estudiar con detenimiento las alegaciones de las empresas antes de dar la adjudicación al que aparentemente presenta la mejor oferta de servicio para el Ayuntamiento.
Este periódico intentó ayer localizar el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, responsable último de este servicio, para conocer las causas concretas de esta demora, pero sin éxito alguno.
Un total de nueve grupos empresariales quieren hacerse con el servicio de ayuda a domicilio, entre ellos el actual concesionario Ralons, cuyo contrato oficialmente venció a primeros de año pero que se ha prolongado durante unos meses más hasta que se adjudique el nuevo. Unos 2.400 vecinos, la mayoría mayores y dependientes, son usuarios de este servicio.
Aparte de la UTE Ralons Servicios S. L. y Ralons Salud. S. L, han concurrido al concurso Eulen Servicios Sociosanitarios S. A, Clece S. A, Azvase S. L, Valoriza Servicios a la Dependencia S. L, Asociación de Servicios Integral Sectorial para Ancianos (Asispa), Servi Sar Quavitae Servicios Sociales S.L y Arquisocial S. L. También apuesta por quedarse con el servicio otra Unión Temporal de Empresas: Asidma Servicios Sociales S. L.-ICOT Servicios Integrales S. L.-Instituto Insular de Rehabilitación S. L.
El retraso en la adjudicación comenzó, primero, por errores técnicos en el pliego de condiciones. Después por las alegaciones que han presentado tres empresas, después de que el pasado 3 de junio se abrieran las ofertas de los aspirantes a realizar el servicio, que ofrece ayuda de manera gratuita a las personas que tienen dificultades para atenderse personalmente o a realizar sus tareas domésticas y que demuestran estar en una situación de especial necesidad bien por condiciones físicas, económicas o de falta de apoyo familiar, entre otras consideraciones.
Argumentos
Las alegaciones que realizan las tres empresas al Ayuntamiento se mueven en la misma línea. Y están referidas al número de horas que algunas empresas ofertan con respecto al servicio de limpieza de choque y de podología.
Las empresas que han presentado alegaciones argumentan que el número de horas que ofertan está sobredimensionado en relación con el cálculo económico que supone para la empresa ofertar este servicio. O bien se regalan horas al Ayuntamiento teniendo en cuenta cómo está el precio de estos servicios en la calle o se ofertan de más para luego alegar que no se pudieron cumplir.
Algunas empresas ofertan hasta 100.000 y 40.000 horas por la limpieza de choque en dos años cuando no debería superar las 34.000 horas, si se hace la media aritmética de los porcentajes a la baja de todas las propuestas presentadas al concurso, tal y como estipulan las condiciones de la licitación, ya que podría ser una oferta "desproporcionada o temeraria". Lo mismo ocurre con las horas que algunas empresas ofertan para el servicio de podología. Donde algunas plantean entre 40.000 y 30.000 horas frente a las 15.000 que pueden prestarse.
Otra de las empresas argumenta también entre sus alegaciones los plazos para ofrecer el servicio en sí, entre que se solicita por el técnico del Ayuntamiento encargado de este trámite y cuando se comienza a dar realmente. Según la empresa que expone esta tesis no puede ser inferior a las 24 horas ya que se tienen que coordinar el trabajador social, el personal que presta la ayuda y el técnico municipal responsable del caso, pero algunos aspirantes estipulan menos de media hora.
