El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas desestimó ayer los recursos de reposición presentados por 26 empleados de la institución por la retirada de un plus de insularidad que recibían en sus nóminas desde hacía al menos 18 años. Este extra suponía para el organismo 109.000 euros al año.
La decisión se tomó en la pasada sesión de control después de que la intervención regional de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, decidiera adoptar medidas correctoras después de realizar una autoría en el área de personal. Los trabajadores, algunos de ellos altos cargos que están fuera de convenio, recibían esta cuantía en concepto de indemnización por residencia.
