El grupo Ralons, actual concesionario del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la capital grancanaria, recurrirá la adjudicación del contrato a la empresa Clece y avanzó ayer que se plantea la posibilidad de presentar una querella por presunta prevaricación contra la decisión de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que la oferta ganadora debió desestimarse, por tratarse de una "baja temeraria o desproporcionada".
La mesa de contratación municipal adjudicó ayer al grupo Clece los trabajos de atención en el hogar por un importe de 34,4 millones durante un periodo de dos años, prorroglabes a otros dos. La filial de ACS sustituye así en el servicio al grupo Ralons, la actual concesionaria, al considerar los técnicos que la oferta ganadora es la mejor, al obtener 89,40 puntos, la mayor puntuación de las nueves firmas que se presentaron a la licitación.
Ralons ha quedado en segundo lugar con 87,36 puntos y ha mostrado su disconformidad con la adjudicación. La compañía del empresario canario Miguel Ángel Ramírez considera que "los técnicos de la mesa de contratación han otorgado a Clece la máxima puntuación por comprometerse a añadir al servicio contratado 100.000 horas de servicios extras en dos años, en forma de limpiezas de choque de los domicilios de los beneficiados", según declaraciones a Efe.
Efectivamente, las razones que han llevado a los técnicos a dar la mejor puntuación a Clece han sido el número de horas ofertadas, que asciende a las 100.000 antes mencionadas, además de la atención podológica a los usuarios.
Sin embargo, Ralons sostiene que esa oferta debió desestimarse por "temeraria" o "desproporcionada" en virtud de las reglas del concurso, que disponían que no se tendría en cuenta aquella oferta que se desviase un 20 % sobre la media de lo ofrecido por todos los licitantes.
En este caso, los abogados del actual adjudicatario del servicio a domicilio de Las Palmas de Gran Canaria subrayan que la media de horas de limpieza de choque ofrecidas por todos los licitantes era de 28.600, por lo que debería haberse rechazado cualquier oferta que se elevara por encima de las 34.333.
No obstante, según el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, esta mejora permite que los domicilios de los 2.640 usuarios del servicio reciban hasta tres limpiezas de choque al año y atención podológica.
Según Ortega, en la actualidad se hace una limpieza de choque al año o ninguna. También ha influido en la puntuación el tiempo de respuesta a la prestación del servicio y la mejora de las condiciones laborales de los 461 trabajadores del servicio, que serán subrogados por Clece. Ortega resaltó que la elección de la nueva concesionaria, que llevó el servicio en la capital entre los años 2004 y 2007, "ha sido una decisión técnica y no política".
La contratación del servicio de ayuda a domicilio, que estaba previsto para el pasado mes de julio, ha sufrido un gran retraso debido, primero, a errores técnicos en el pliego luego subsanados, a las diferencias entre los socios del tripartito y a las alegaciones presentadas por tres empresas, entre ellas Ralons, que consideró desproporcionada o temeraria las ofertas de horas planteadas por Clece.
Ortega sostuvo que, tras estudiar las aclaraciones presentadas por Clece sobre las dudas planteadas, los informes jurídicos y técnicos consideran que la de la empresa ganadora es la mejor oferta. "Espero y deseo que los cambios en la gestión del servicio sean para bien. Vamos a estar vigilantes y vamos a exigir a la nueva adjudicataria el cumplimiento de todo lo que se ha ofertado", afirmó el edil.
Ortega informó ayer de que los responsables de Ralons presentaron a "última hora" un documento, en el que advierte que la mesa de contratación y el gobierno municipal podrían incurrir en un delito, en el caso de seguir adelante con la adjudicación. Horas más tarde, Ralons anunció que valora querellarse contra los técnicos por presunta prevaricación y señaló que nunca se le contestó a las alegaciones presentadas y que, además, el servicio que está prestando no se le abona desde el pasado marzo, por lo que se ha visto obligado a aportar 4,5 millones de sus recursos propios para seguir llevando a cabo la tarea.
Jacinto Ortega defendió la legalidad del proceso. "Yo soy político, no técnico", resaltó, al tiempo que calificó de "lamentables" las declaraciones del portavoz del Partido Popular (PP), Juan José Cardona, "hablando de la negligencia del tripartito en la resolución del concurso. Nos acusó de ir en detrimento de la calidad de la atención de los usuarios. Hablan de la inestabilidad laboral de los trabajadores, con 444 auxiliares y 17 trabajadores sociales, que se encuentran en conflicto la empresa desde 2011, con sentencias y amenazas de huelga, mes tras mes. ¿Cómo el PP se aventura a sacar un comunicado el 8 de agosto para acusar al Ayuntamiento de eso y luego nos llama frívolos, cuando no tiene nada que ver con nuestra gestión?"
El responsable de Cohesión Social llamó la atención sobre la presencia en la mesa de contratación del portavoz del Partido Popular (PP), Juan José Cardona. "Hasta ahora, la oposición nunca se ha presentado en las mesas de contratación y en esta se ha presentado el señor Cardona".
