Los técnicos del Ayuntamiento de la capital grancanaria y los de la empresa mixta Emalsa -los mismos que elaboran un nuevo contrato de depuración y saneamiento- preparan desde hace unos meses una ordenanza, para acabar con los vertidos incontrolados de sustancias contaminantes a la red de saneamiento, a través de la aplicación de sanciones. Así lo anunció ayer el alcalde Augusto Hidalgo durante la inauguración de la Jornada Técnica de Vertidos de Aguas Residuales, organizada por la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).
Según el regidor, la ausencia de un reglamento de vertidos, pese a que ha sido anunciado desde hace años, "impide el control real de los derrames al alcantarillado", que provocan "algunas grandes empresas y ciudadanos", una circunstancia que interfieren y dificulta, y a veces encarece, el proceso de depuración, a la vez que daña los colectores y otras instalaciones de la red. Además de los industriales, interfieren en el tratamiento de las aguas residuales, los vertidos agrícolas y ganaderos.
El regidor pretende implicar al Cabildo y al Gobierno regional para poner en marcha un protocolo que permita una "actuación coordinada". "Somos una excepción entre las grandes ciudades españolas", reconoció, "ya que no disponemos actualmente de instrumentos administrativos imprescindibles para llevar a cabo ese control y poder garantizar los usos a los que se destinan las aguas residuales tratadas, tan necesarias en un entorno de escasez como el que se registra en nuestra isla". Esa falta de un reglamento, advirtió, "no nos permite controlar a aquellos colectivos o empresas que vierten a la red pública aguas no suministradas por el servicio municipal de abasto y ello con la complejidad de carga contaminante que aportan a la red de saneamiento sin control alguno. Es objetivo de esta corporación aplicar el principio de que quien contamina paga y paga más quien más consume".
La directora general de Emalsa, Mercedes del Pino Fernández Couto, destacó los enormes problemas que generan, por ejemplo, los vertidos de salmuera, agua y otros líquidos con altos niveles de salinidad, aceites, arenas y otros contaminantes. La salmuera es vertida a la red por parte de empresas -entre ellas hoteles- que tienen sus propias potabilizadoras y luego no tienen ningún reparo en tirar al alcantarillado los restos de la desalación. Ello impide reutilizar el agua depurada, por el elevado nivel de salinidad. Todo ello genera una serie de costes que pagan los ciudadanos a través del recibo del agua.
Incontrolados
A juicio de Fernández Couto, "el problema de la red son los vertidos incontrolados" . Así, habló de los "atascos materiales o deformaciones" que se forman en los colectores, cuando son utilizados por empresas o ciudadanos como "auténticos vertederos de escombros de obras. Nos hemos encontrado con tablas de madera" atravesadas, que impiden la circulación del agua porque taponan colector. "Existen", añadió, "muchísimas acometidas ilegales a la red" de saneamiento. "Nos preocupa mucho la salinidad porque hay muchas intrusiones salinas en la red. Tampoco se pueden verter directamente a la red las cisternas de limpieza de alcantarillado", pero se llevan a cabo, dijo.
"Debemos tener ", indicó, "un buen control de lo vertidos, con un buen plan de vigilancia para que el vertido se detecte lo antes posible, porque su impacto en el proceso es muy fuerte y generan problemas tanto en la red de alcantarillado como en la depuración. En su opinión, "es fundamental eliminar la contaminación en origen, a través de la identificación de todas las industrias y sus vertidos", que en algunos casos pueden ser autorizados. El nuevo reglamento, resaltó, "exige un régimen de infracciones y sanciones, aunque la finalidad no es sancionar sino disuadir".
Miguel Ángel Doval, jefe de control de vertidos de Emasesa, la empresa de abastecimiento y saneamiento de agua de Sevilla, explicó la experiencia de esta ciudad en el control de vertidos contaminantes incontrolados. Habló de la importancia de localizar los vertidos, la mayoría de los cuales están cerca de las zonas industriales, para impedir su repetición. "Hay que estar encima de estas industrias", señaló, sobre todo por el "alto grado de toxicidad" de los vertidos y las interferencias que producen en la depuración, porque lo "ralentizan" o lo "pueden inhibir". La mala calidad del vertido, explicó, provoca a veces que no se puedan aprovechar los lodos en la agricultura y haya que pagar al vertedero para deshacerse de ellos. El control de vertidos a la red de alcantarillado desde 1982, "ha producido un incremento en la calidad" de las aguas residuales". "Lo más importante", sostuvo, "es la inspección sistemática.
