El pasado miércoles, el Ejército hizo saber a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, a través de los medios de comunicación, que justo al lado de dónde ellos viven, en el parque natural protegido de La Isleta, se iban a realizar maniobras nocturnas con "fuego real". La comunicación militar ponía el acento en la seguridad, que calificaba de "prioritaria", y trataba de prevenir las quejas vecinales producidas por el ruido y molestias que tuvieron que soportar una noche de octubre de 2014 los isleteros sin previo aviso. Aquellas maniobras de hace dos años dieron lugar a una protesta formal del alcalde. Y ahí quedó la cosa. De modo que, dos veces al año, se siguen realizando similares ejercicios militares como el de esta semana en plena capital grancanaria.
Otros acontecimientos, de carácter no militar, mantienen también en vilo a uno de los barrios más señeros de la ciudad. Se suceden las noticias sobre desarrollos futuros que afectarían directamente a su forma de vida, además de a la reordenación del conjunto de la capital grancanaria: una sentencia sobre el uso del Confital, un teleférico en La Isleta, un hotel en el istmo?Los vecinos permanecen atentos a la evolución de los acontecimientos con una expectación similar a la que muestran quiénes asisten a un espectáculo de magia: sin saber si lo que van a ver será o no real, ni qué saldrá de la chistera en el siguiente número.
Ante ciertas propuestas, como la que se presentó este verano, algunos se quedan literalmente boquiabiertos: un promotor, arropado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, presentó el proyecto -ya diseñado y presupuestado, no la idea- para instalar un teleférico desde la Montaña del Vigía hasta el puerto. Buena parte de la ciudadanía reaccionó haciéndose dos preguntas: ¿pero La Isleta no es un espacio protegido?; ¿no está además ocupada por los militares y restringido, por tanto, su uso civil? La gente, a veces, es así de simple.
Cuando se presentó, el proyecto no tenía -ni tiene aún- los pertinentes permisos de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ni del Ministerio de Defensa. Pero reabrió la eterna disputa sobre los posibles usos de La Isleta, dejando sobre la mesa de debate una constatación y una inquietud.
¿Un espacio protegido?
En primer lugar, vino a confirmar la improvisación con que Las Palmas de Gran Canaria sigue proyectándose en el futuro, con intervenciones urbanísticas aisladas. Piezas sueltas, más o menos interesantes, que algún día habrán de integrarse en la reordenación integral que aún la ciudad no ha terminado de diseñar. Y no lo ha hecho, entre otras razones, porque la ocupación militar de La Isleta y la Base Naval condicionan su desarrollo: son sus futuras áreas claves de esparcimiento.
La inquietud tiene que ver con la duda que ha abierto en torno a la posible descatalogación de la Montaña del Vigía, es decir, la pérdida del nivel de protección que, presuntamente, blinda cualquier actuación urbanística sobre el privilegiado enclave.
Hasta ahora, uno de los argumentos más recurrentes que ha paralizado la acción civil en defensa de la recuperación de La Isleta es, precisamente, la creencia de que la presencia militar es la mayor garantía de conservación de las muchas riquezas naturales que encierra el parque.
Y efectivamente la temprana ocupación militar del estratégico enclave, a finales del siglo XIX, lo resguardó de la presión urbanística que sufrió la zona no militarizada de la pequeña península durante el último tercio del siglo XX. Hoy, un paseo por sus numerosos senderos permite visualizar a simple vista las agresiones que ha sufrido la sucesión de conos volcánicos que dio lugar a La Isleta. Sin necesidad de recurrir siquiera a los detallados informes científicos existentes, se constata que la preservación del espacio gracias a la presencia militar es un mito. Lo que en lenguaje autóctono, un canario socarrón calificó con la popular expresión de "engañabobos": argumentos para desactivar a los ingenuos.
La realidad es que el paraje natural de La Isleta declina. Se degrada día a día, amparado en la falta de trasparencia sobre lo que ocurre en su interior y el enorme desconocimiento ciudadano. Y así, ajeno al devenir de la ciudad, a las preocupaciones de sus habitantes y a las disputas sobre su uso, el parque protegido de La Isleta ha perdido ya una parte significativa de su malpaís, que ha quedado acumulado en una montaña improvisada a los ojos de cualquier visitante.
La extracción de picón ha sido continua desde el principio de la ocupación, para cubrir la demanda del material necesario para las instalaciones militares y portuarias. El vaciado de las montañas de La Isleta a mordidas de numerosas piconeras se sigue produciendo: la última y reciente víctima ha sido el cono volcánico de la Esfinge, que ya no existe.
El Puerto prevé, además, seguir expandiéndose hasta el antiguo penal militar. Así, su Plan Director 2016-2018 contempla la prolongación del dique de la Esfinge (hoy denominado Nelson Mandela) en una longitud de 680 metros más. El documento especifica que "el muelle se ampliará con material extraído de La Isleta, permitiendo una explanación de 54.000 metros cuadrados". Aunque puntualiza que se tomarán "una serie de medidas ambientales para que no se produzca un contraste brusco entre el paisaje protegido de La Isleta y las acciones que la Autoridad Portuaria pretende llevar a cabo". Surgen dudas: ¿La pérdida de un cono volcánico entra en la definición de "contraste brusco"? ¿Hay en Canarias algún organismo medioambiental competente en velar por que una montaña volcánica no desaparezca, en pleno siglo XXI, de un enclave protegido y restringido al uso militar?
Como el Puerto, Defensa también asegura tener en cuenta el impacto ambiental sobre los espacios naturales que ocupa. Según la publicación que editó en 2010 sobre Los valores naturales de las propiedades del Ministerio de Defensa, le pertenecen más de 6.000 hectáreas distribuidas en cuatro espacios de Canarias (incluidas las 850 hectáreas de La Isleta).
Corresponde a los expertos determinar si el paso de camiones pesados; la limpieza de zonas de malpaís para ubicar un polvorín o campos de tiro; el levantamiento de un símil de pueblo afgano; y el ir y venir de las tropas durante las maniobras son, o no, compatibles con la correcta conservación de la flora, fauna y suelo volcánico sobre el que se realizan. Hay estudios que las califican de "francas agresiones" y, en cualquier caso, contrastan con las restricciones de uso cuando quienes recorren sus senderos son civiles: máximo 25 personas por grupo, día y en fin de semana.
Ruido y silencio
Sostienen vecinos bien informados que en el interior de La Isleta han ocurrido ciertas cosas políticamente incorrectas, además de las militarmente correctas. Por ejemplo, la extracción clandestina de picón en pequeñas, pero reiteradas, cantidades. O la celebración de algunas fiestas nocturnas en el faro, de las que son prueba los numerosos desperdicios de botellas y laterío que aún pueden observarse en la ladera de la montaña.
Ante este cúmulo de rumor y ruido -de tiros o piconera- se impone un impotente silencio ciudadano: ya sea de las instituciones que lo representan o bien de sus vecinos. Es cierto que de cuando en cuando, como ahora, las instituciones canarias hacen alguna declaración, aprueban una moción y piden al Ejército que, en fin, si no es mucha molestia (y no cuesta mucho) inicie las negociaciones para la devolución de ambos enclaves. Que tienen la singularidad de ubicarse en el corazón mismo de la ciudad, y no a las afueras como la mayoría de zonas militares: "Para que se las vamos a devolver si no van a saber qué hacer con ellas", dicen que dijo un alto cargo militar. A lo mejor tiene razón.
Otras ciudades, con otras baterías similares a La Isleta, construidos también en tiempos de supuestos defensivos ya desfasados, sí han logrado recuperarlas para uso social. Los ejemplos son numerosos, fuera y dentro de España: Barcelona, Gijón, Cádiz, La Coruña... Cartagena lo logró además con financiación europea, dentro del proyecto Disarmer Cities, que promueve precisamente la recuperación de espacios militares en núcleos costeros de España, Italia, Croacia o Hungría.
En la vieja batería de La Isleta son muchos los intereses a armonizar: Ejército, Puerto, la propia ciudad y los herederos del general Bravo de Laguna, siempre al acecho. Queda la duda de si su preservación de hecho, y no sólo de derecho, es también un interés real a tener en cuenta a la hora de decidir su futuro. Porque La Isleta, ocupada para defendernos de amenazas externas, soporta demasiado "fuego amigo": esos disparos que, según la jerga militar, provienen del propio bando.
