La Fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Eva Ríos, ha pedido una condena de tres años de cárcel contra el empresario Rafael González Bravo de Laguna por un delito contra la Hacienda pública, durante el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal, número 4, que ha quedado visto para sentencia. El ex director general de Sercanarias y administrador único de Construcciones, Cimientos y Buhardillas, Rafael González, no ha sido capaz de acreditar ni justificar, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, los servicios que supuestamente realizó a la empresa Satocan y por los que cobró un total de 835.065 euros en 2008. Bravo de Laguna atribuyó el cobro de la abultada cantidad a una operación de "intermediación" en Marruecos para facilitarle a la constructora la edificación de un hotel.
La Fiscalía, por su parte, considera que González intentó eludir el pago de impuestos por dicha cantidad, al incluir el dinero cobrado como beneficios en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), pese a que la empresa Construcciones, Cimientos y Buhardillas carecía de actividad económica; no acreditó con facturas qué actuaciones realizó para cobrar ese dinero y, además, tampoco se molestó en reinvertir dicha cantidad, como establece la ley. La fiscal ha relacionado en su denuncia este pago al posible cobro de una comisión relacionada con el leonino contrato de alquiler de las tres plantas de la sede de la compañía Emalsa.
Tanto el acusado como el presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán, que acudió en calidad de testigo aseguraron ayer que el pago del dinero se realizó por las gestiones que realizó González Bravo de Laguna ante las "administraciones marroquíes" para eliminar los "obstáculos" que impedían la construcción de un hotel resort. Sin embargo, Evangelina Ríos denunció que González no se molestó ni en presentar una "factura de teléfono, un billete de avión, algo", que justificara el pago de los 835. 065 euros.
"Ha quedado acreditada la existencia de un delito fiscal", sostuvo la representante del ministerio público, que añadió: "Para poder dotar la RIC, se tiene que hacer con beneficios procedentes de una actividad económica y reinvertir ese dinero en Canarias. Podía haber realizado aunque sea una factura telefónica si tanto llamaba a Marruecos", para esa supuesta intermediación con las autoridades marroquíes, pero "no ha acreditado ni la actividad ni los gastos".
Ríos recordó que cuando los inspectores de la Agencia Tributaria se dirigieron a la dirección que figuraba como sede de Construcciones, Cimientos y Buhardillas S. L., "no vieron ni un solo cartel identificador. Lo que había eran las oficinas de Sercanarias, que se dedica a otras actividades".
La abogada del Estado, Beatriz Español, sostuvo que nadie ha logrado aportar "ni un solo documento" que acreditara la actuación económica, con la que se pretendía obtener los beneficios fiscales de la RIC. Añadió que a Satocan también se le abrió un expediente", pero no se le sancionó porque "tenía pérdidas en ese ejercicio". La Agencia Tributaria sólo le redujo la deducción que había aplicado. "Lo único que ha quedado acreditado es que ha existidoun negocio", indicó.
Por su parte, la letrada de Rafael González, Idoia Mendizábal, interesó una sentencia absolutoria, al considerar que "no hubo ocultación ni medios fraudulentos. No ha habido maquinación con ánimo defraudatorio para que exista un ilícito penal". Además de los tres años de cárcel, la fiscal solicita una multa de 435.800 euros y cuatro años de inhabilitación para pedir subvenciones y disfrutar de beneficios fiscales. También pide una indemnización de 217.900 euros en concepto de responsabilidad civil, una cifra que equivale a la cantidad que González debió ingresar a Hacienda en 2008 por el cobro de la factura por importe de 795.300 euros, a la que se añadió 39.765 euros de IGIG. González Bravo de Laguna cobró la primera parte de esos 835.065 euros el 22 de julio de 2008, el mismo día en que se firmó el contrato de alquiler de la sede de Emalsa, por un importe de 90.000 euros al mes, que el pasado mandato fue rebajado a 79.000 euros mensuales.
