El Martes de Carnaval no fue precisamente un día de fiesta para los estibadores, cuyos representantes sindicales se volvieron ayer a reunir por tercera vez con la patronal (Asociación Nacional de Estibadoras y Consignatarios) y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que actúa de mediador, para llegar a un acuerdo sobre qué ocurrirá con los trabajadores de la estiba después de que el pasado viernes, el consejo de ministros aprobase el Real Decreto que liberalizará el sector y que ha puesto en pie de guerra al personal, que ha anunciado huelga para este lunes, 6 de marzo, y durante nueve días alternos -lunes, miércoles y viernes- de las próximas tres semanas.

Tras tres horas de reunión no se llegó a ningún acuerdo pero ambas partes volverán a reunirse, aunque sin fecha determinada. Se espera que hoy el presidente del Consejo Económico y Social anuncie una nueva cita para intentar frenar un conflicto laboral que podría traer graves consecuencias para el comercio y, en especial para las Islas, ya que depende del tráfico marítimo para su subsistencia.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, alertó ayer, por su parte, de que las empresas podrían desviar su actividad definitivamente desde los puertos españoles a otros países si la huelga se prolongará. Y pidió a las partes que cierren un acuerdo para garantizar la estabilidad del empleo.

De la Serna explicó, tras reunirse en la sede del ministerio con el ministro portugués de Planeamiento e Infraestructuras, Pedro Marques, que hasta ahora se han producido desvíos provisionales, pero ha advertido de que podrían convertirse en definitivos si la huelga se alarga, ya que hay empresas que "están valorándolo".

Uno de los principales escollos de esta negociación estriba en si habrá o no subrogación de los trabajadores cuando se liberalice el sector para cumplir la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenaba a España al entender que el régimen de la estiba que existía en los puertos españoles era contrario al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre libertad de establecimiento.

Precisamente, la patronal, según fuentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, se había comprometido a llevar a la reunión un informe de las necesidades de los puertos españoles, recinto por recinto, para trabajar con cifras pero concretas. Pero no fue así, ya que según la patronal necesita más tiempo para realizar este informe.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar y los sindicatos han mostrado su rechazo al Real Decreto, que aún deberá pasar por la aprobación del Parlamento, porque se trata de una reconversión laboral encubierta en la que podrían perder su trabajo unos 6.150 trabajadores.

Según los estibadores, "desestabilizará una de las industrias más prósperas de este país, un reducto en el que desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes" además de responder a las exigencias de las grandes empresas, algunas internacionales.

El Real Decreto, que se aprobó sin el acuerdo de las partes, ha sido lo que ha llevado a que la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar anunciase huelga.

El ministerio de Fomento ha justificado el Real Decreto porque después de dos años no ha habido acuerdo entre ambas partes. Si no se cumple la sentencia, España debería pagar una multa coercitiva de 134, 107, 2 euros por cada día de incumplimiento, que se sumarían a los 21, 5 millones de sanción que ya acumula por demora de la sentencia.