Un informe realizado por el comité técnico asesor, por encargo del gobierno Tripartito para crear un nuevo marco de relaciones con Emalsa tras darle carpetazo al proceso de intervención administrativa de la compañía, ratifica la inmensa mayoría de los incumplimientos detectados por el exintenventor Rafael Bolívar y su equipo y plantea la necesidad de establecer medidas de control sobre los servicios y la gestión económica-financiera de la empresa. Transcurrido poco más de año y medio desde que el alcalde Augusto Hidalgo calificara de "farsa" la intervención y apartara de la jefatura del servicio de Aguas a Bolívar, el nuevo comité técnico ha llegado a parecidas conclusiones en torno a las irregularidades y a la necesidad de un marco de control a la gestión de la compañía, cuyo 66% está en manos de las empresas Saur y Valoriza. El Ayuntamiento sólo tiene un 34%, pero como titular del servicio ejerce el control de las tarifas del agua, lo que le permite bloquear, aunque sólo tenga un 1%, cualquier cambio de los precios que considere inadecuado.
El informe elaborado por los técnicos Benito Cabrera y Miguel Padrón, emitido el 11 de octubre del pasado año, rechaza de manera frontal la subida de tarifas que plantea Emalsa, una posición que contrasta con el anuncio realizado por Augusto Hidalgo dos semanas más tarde (27 de octubre), en el que daba por hecho un incremento del recibo del agua y la creación de una nueva tasa a lo largo de este año. Hace unas semanas, el propio regidor confirmó, tras ser preguntado por este periódico, la congelación de la subida, algo que atribuyó a la necesidad de concluir "una serie de estudios" sobre el coste del servicio.
La intervención
Son múltiples las críticas en las que coinciden el análisis del comité técnico asesor del Tripartito con los informes de la intervención de Emalsa, que acaba de anular una reciente sentencia. El juez le ha dado la razón a los socios privados, sin entrar en el fondo del proceso de fiscalización que puso en marcha el exalcalde del Partido Popular, Juan José Cardona, a través de los trabajos de un grupo de técnicos. La intervención, que Hidalgo se negó a prorrogar a finales de 2015, ha sido anulada por cuestiones formales, al considerar el magistrado que Cardona incumplió el plazo establecido para iniciar el proceso.
Al margen de esta sentencia y volviendo al informe encargado por el gobierno Tripartito en enero de 2016, los expertos coinciden con los técnicos de la intervención, en relación al incumplimiento del fondo de reposición, por negarse la compañía mixta a hacer inversiones para reponer las infraestructuras que le fueron cedidas por el Ayuntamiento. También ponen de manifiesto las deficiencias en el mantenimiento de la red de alcantarillado, que llevaron al exinterventor y exjefe del servicio a negarse a pagar las facturas del saneamiento. Además habla de las irregularidades que rodean el contrato de Sercanarias y los sobrecostes indebidos en los cobros del contrato. Se extienden largo y tendido sobre el incumplimiento de la obligatoria aportación de Emalsa al fondo de pensiones; coinciden con Bolívar en que el management fees (retribuciones de los directivos) que cobran los socios privados son dividendos encubiertos y califican de improcedente la reclamación de 58,6 millones en concepto de reparto de dividendos.
Los técnicos del comité técnico asesor rechazan la subida de tarifas del agua y del saneamiento, así como la creación de una ecotasa, que se propone en el informe de KPMG y también se oponen de manera rotunda a la propuesta de nuevo contrato-programa de saneamiento.
No es posible "aceptar las propuestas "de consenso" que figuran en el dossier de KPMG", advierten los técnicos, al considerar que el único objetivo de las mismas es la "maximización del beneficio". Por ello consideran que el Ayuntamiento "debe elaborar su propia hoja de ruta" con el único fin del interés general y dotar al Servicio de Aguas de los "medios técnicos y humanos necesarios" para ejercer el adecuado control sobre la compañía.
Tras considerar que el dossier de la auditora KPMG debe ser tomado con reservas y no ser utilizado como hoja de ruta -por tratarse de un "informe de parte" de los socios privados y no una propuesta de consenso- , el comité técnico, constituido por el gobierno Tripartito el 14 de enero de 2016, comienza su análisis con una breve reseña de las principales conclusiones del primer análisis de situación del servicio realizado en 2013 por el denominado grupo de reflexión y de los cinco informes efectuados durante el proceso de intervención. La primera impresión que se desprende de la lectura del análisis efectuado por Benito Cabrera y Miguel Padrón es que se trata de una especie de sexto informe, que sigue ahondando en los mismos incumplimientos, la misma falta de colaboración de Emalsa y la necesidad de corregir las anomalías detectadas.
