El Gobierno del PP cosechó ayer una derrota histórica en el Congreso al serle rechazado por una amplia mayoría de la cámara el decreto ley de liberalización de la estiba en los puertos españoles y mediante el cual se trataba de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014, que pretende acabar con el monopolio del servicio de la carga y descarga en las terminales portuarias. La propuesta del ministerio de Fomento fue rechazada por 175 votos de la mayoría de la oposición, frente a los 142 a favor que sumaron PP, PNV, UPN y Foro Asturias, y la abstención de los 32 escaños de C's y la del diputado de Podemos Íñigo Errejón, que se equivocó al votar. La devolución del texto al Gobierno fuerza a éste a presentar una nueva propuesta que espera poder aprobar lo antes posible si, como quiere el Ministerio de Fomento, se alcanza un acuerdo con patronal y trabajadores del sector. Los estibadores deconvocaron ayer la huelga prevista para hoy.

El debate en la Cámara se produjo después del fracaso del último intento de acuerdo durante las negociaciones de última hora en la noche anterior entre las empresas y los representantes de un colectivo laboral de más de 6.100 trabajadores en todo el Estado, en las que finalmente no se había aceptado por parte sindical la última oferta del ministerio de Fomento para la prejubilación a los 50 años con el 70 % del sueldo. Ahora, el Gobierno confía en que en la reunión prevista para el próximo martes las partes cierren al acuerdo sobre la base de esa misma propuesta del Ministerio que, en teoría, garantizaría el 100% del empleo actual.

En todo caso, esta es la primera vez que el Congreso adopta una posición de rechazo y desobediencia a una normativa impuesta desde Bruselas, mientras que por otra parte es la tercera ocasión desde hace 40 años en la que la Cámara rechaza un decreto ley presentado por un Gobierno. La primera vez fue en 1979, durante el mandato de Adolfo Suárez. La segunda, en 2006, por un error del PSOE en la votación.

El cambio de posición de C's, que el día anterior había anunciado su apoyo al decreto, rebajó sustancialmente las expectativas de la votación y de un posible triunfo del Gobierno, al tiempo que provocó un evidente malestar por parte del Ejecutivo del PP hacia el partido liderado por Albert Rivera.

En una tensa sesión parlamentaria con numerosos rifirrafes entre los portavoces de los diferentes grupos y a la que asistieron como invitados por Unidos Podemos varios representantes de los estibadores, el gobierno planteó como argumento central que el decreto trataba fundamentalmente de aplicar la sentencia del tribunal comunitario sobre las condiciones de funcionamiento de los servicios portuarios, así como de evitar la multa que conlleva su incumplimiento, y con garantía de mantener el empleo.

Por contra, la oposición consideró que el Ministerio de Fomento iba en su propuesta "mucho más allá" de los términos de la sentencia, "malinterpretando" el verdadero sentido de la misma, al tiempo que le acusó de tomar partido por las empresas frente a los intereses de los trabajadores del sector. Además, le reprocharon que llevara la propuesta al Congreso sin tener el apoyo suficiente y sin consultar previamente con el resto de los grupos.

Libertad de contratación

En la defensa del decreto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que hay razones suficientes para respaldar el decreto y lamentó que se haya producido un "bucle endiablado" que no ha permitido alcanzar un acuerdo entre la patronal y los sindicatos y que ha acabado provocando el previsible rechazo del texto remitido para su convalidación al Congreso. De la Serna afirmó que, "en esencia, lo que dice simple y llanamente el decreto es que las empresas pueden contratar libremente a sus trabajadores y que todos los desempleados puedan tener una oportunidad laboral en el sector si cumplen los requisitos de capacitación adecuados". Por ello, advirtió a los grupos que quieren "hacer daño al Gobierno y darle un varapalo" al rechazar el decreto que "se equivocan" porque, según aclaró, "el daño se lo harán al conjunto de los españoles que son los que tienen que pagar la multa". La sanción impuesta ahora asciende a 23 millones, a la que se sumarán 134.000 euros diarios a partir del 3 de abril si antes de esa fecha no hay un decreto de liberalización.

Tras el rechazo parlamentario del decreto, el ministro lamentó la "falta de responsabilidad política" de la mayoría de los grupos en lo que consideró "una decisión que nos saca directamente del cumplimiento del tratado de la UE" y que "va a obligar a pagar el mantenimiento del último monopolio en este país". Insistió en que no ha escuchado propuestas para modificar el decreto y que el único objetivo de la oposición ha sido "intentar dar un palo al Gobierno que vamos a pagar todos los españoles".

Por parte del PSOE, su portavoz, César Ramos, defendió el voto en contra "no para tumbar un decreto, sino para garantizar los puestos de trabajo de los estibadores y sus condiciones laborales", insistiendo en la necesidad de que las partes se vuelven a reunir cuanto antes para tratar de alcanzar un acuerdo. "Hay margen para el acuerdo si se trabaja en él, y los socialistas no apoyaremos ningún decreto si no hay un acuerdo previo entre las partes", resaltó el portavoz socialista.

El portavoz de Unidos Podemos, Félix Alonso Cantorné, calificó de "salvaje" el decreto elaborado por el Ministerio y dijo que "haría estallar un sector estratégico para el país". Criticó que se haya querido sacar adelante la reforma "de forma astuta" y usando "tretas de taberna" en la negociación y en la tramitación parlamentaria y pidió al Ejecutivo que asuma "responsabilidades políticas" y pidió la dimisión del ministro o del secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

Ciudadanos justificó, por su parte, el cambio de posición, aduciendo que el Gobierno debió "apurar un poco más los plazos" para llevar a cabo la convalidación del decreto y apeló a la responsabilidad de las partes para alcanzar un acuerdo. El diputado Fernando Navarro dijo que "hay que cumplir con la sentencia europea, y no sólo por la multa, sino por la necesidad de las reformas a las que obligan los tratados".

Rechazo rotundo de CC y NC

También rechazaron el decreto ley de forma contundente la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y el representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Oramas acusó al Gobierno de "hacer el ridículo y faltar a la verdad", reprochándole una reforma "sin tener apoyos en el Congreso, y sin enseñarlo ni a los agentes sociales ni a las fuerzas políticas". La diputada tinerfeña defendió la competitividad de los puertos españoles, mencionando la fortaleza y posición de los puertos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y aseguró que los estibadores "no son trabajadores privilegiados, como se ha dicho desde el Gobierno, porque sus sueldos no lo pagan los españoles, los pagan grandes empresas que ganan mucho dinero por un trabajo difícil". Afirmó que la única forma de garantizar los puestos de trabajo es que el decreto se incluya la subrogación, y dijo que "esa Europa que toma esas decisiones es la que está generando los populismos", acusando al Ejecutivo del PP de "ir más allá de lo que pide Europa".

Quevedo, por su lado, dijo que "la sentencia hay que acatarla, pero lo que no está claro que haya que acatar es este decreto ley que la interpreta incorrectamente". Afirmó que "los puertos son infraestructuras extremadamente productivas, donde han convivido el mundo empresarial y el mundo de la estiba, y una injerencia tratando de beneficiar a una de las partes es un error grande de valoración". Consideró que el sector "se ha convertido en un ejemplo de trabajo digno, de salarios dignos" que "en ningún caso son privilegiados y por tanto el ejemplo a seguir". Según él, a la hora de interpretar este conflicto "se ha optado por creer que la competitividad es devaluación interna y precarización del empleo", y rechazó por ello un decreto "que es la muerte laboral del sector de la estiba a cambio de un instrumento normativo confuso".