La Comisión Europea (CE) insistió ayer en que es "esencial" que el Gobierno reforme el sistema de empleo en los puertos españoles tal como le exigió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero no estableció una fecha límite para que Madrid cumpla. "A pesar del rechazo del real decreto-ley presentado por el Gobierno, es esencial que España reforme su sistema de trabajo en los puertos, que no está en línea con las leyes de la Unión Europea", dijo la portavoz comunitaria de Transporte, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la CE.
La portavoz afirmó que la Comisión "toma nota del voto de ayer [jueves para el lector] en el Parlamento" español, por el que se rechazó el real decreto-ley para la reforma de la estiba con 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones. La Comisión, insistió, "invita a España a cumplir con la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia europeo y sus obligaciones como miembro de la Unión Europea", en referencia a la sentencia de la Corte de Luxemburgo, que confirmó que España debía acometer la reforma para liberalizar este sector.
Itkonen aseguró que "no hay un plazo límite específico" por parte de Bruselas para que España cumpla con la justicia, pero recordó que "hay un procedimiento de infracción en marcha y una propuesta sobre el monto de la multa". "Ahora depende enteramente de las autoridades españolas", dijo la portavoz, quien reiteró que Bruselas dejó "claro" en qué debe consistir el cumplimiento y "ahora depende del Gobierno encontrar una salida respetando esto". El procedimiento de infracción no se cerrará hasta que España haya adoptado la reforma y la haya comunicado a Bruselas, que, reiteró, "está disponible para asistir" a España en la tarea.
La CE ya confirmó que España no podrá evitar los 22 millones de euros de multa que se le impuso por no liberalizar el sector de la estiba, pero podrá librarse de 134.000 euros diarios adicionales si cumple con sus obligaciones antes de que la corte dicte un segundo fallo. La obligatoriedad para España del pago de 27.000 euros por cada día que transcurra desde la publicación de la primera sentencia es innegociable, según fuentes conocedoras del caso. Si la reforma que exige Bruselas no se produce, el TJUE dictará una segunda decisión judicial por incumplimiento y a esa cantidad que ronda los 22 millones de euros habrá que sumar otros 134.000 euros diarios.
Por otro lado, el Gobierno consideró ayer que el rechazo al real decreto ley "afecta a la imagen de España y a la de todos los españoles". El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, subrayó en la jornada inaugural del congreso del PP de Madrid que no es un problema del Gobierno, sino de España. Y explicó que, si se dice que no se quiere cumplir una decisión de un tribunal de la UE, se están rompiendo las reglas del juego. "Y eso -añadió- afecta al crédito, la imagen y el prestigio de nuestro país". Rajoy aseguró que la mano del Gobierno sigue tendida para poder llegar a un acuerdo y mantendrá su disposición a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para ello.
Acuerdo el martes
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en que los sindicatos de estibadores y la patronal del sector lleguen a un acuerdo el próximo martes en torno a la última propuesta presentada por el Gobierno, lo que permitiría aprobar un nuevo real decreto ley de reforma de la estiba. De la Serna señaló ayer, en una entrevista en Onda Cero, que la propuesta del Ejecutivo es "generosa", "no tiene precedentes en la historia reciente" y ofrece a los estibadores "condiciones francamente garantistas para el mantenimiento del empleo".
El titular de Fomento recalcó que, en su opinión, si se llega a un acuerdo entre las partes, no debería haber problemas para tramitar un nuevo real decreto ley, aunque dejó claro que su contenido no será muy distinto porque la capacidad del Gobierno para cambiarlo "es muy limitada". "No podemos modificar el real decreto ley como nos venga en gana, no tenemos la capacidad de introducir en la ley cuestiones que incluso nos puedan parecer razonables. La CE establece las limitaciones y debe dar el visto bueno al real decreto ley. Si no, no desistirá de la multa y caerá la segunda sentencia", explicó.
Sobre la presencia del Gobierno en la reunión del martes, Íñigo de la Serna explicó que los ministerios de Fomento y Empleo tienen que decidir aún "quienes deben estar para tratar los aspectos técnicos", una vez que el propio ministro presentó la propuesta el pasado jueves.
