El Gobierno tripartito ha iniciado por fin, tras anunciarlo hace año y medio, una inspección masiva para localizar a aquellos titulares de licencias de taxi que no son autónomos con el objetivo de acabar con la gestión irregular de las paradas y lo ha hecho cobrando por primera vez una tasa. En las primeras 26 licencias revisadas han sido cazados tres patrones sin tarjeta de autónomo. La Concejalía de Movilidad Ciudadana ha empezado este mes a cobrar una tasa de 18,39 euros por las revisiones ordinarias, una medida que ha sorprendido al colectivo y ha provocado un gran malestar por lo que califican de afán recaudatorio del Ayuntamiento. La sección de Tráfico y Transportes comenzó el pasado 2 de marzo las revisiones documentales para hacer cumplir la ordenanza del taxi y el reglamento regional del servicio, que obliga a todos los titulares de licencia a estar dados de alta como autónomos y a tener dedicación plena al trabajo. Desde entonces se han efectuado un total de 26 inspecciones, según aseguró el director general de Movilidad, Heriberto Dávila, en las que ya se han detectado a tres patrones sin la tarjeta que acredita que son autónomos. La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García Rocha, ha acusado a Ramírez de darle el visto bueno a titulares de licencia que no son autónomos. En total serán 1.636 las que deberán ser inspeccionadas, por lo que si se mantiene el ritmo actual se tardará más de cuatro años en revisar a todos los titulares.
Dávila rechazó que se esté dando el visto bueno a los taxistas que han sido pillados sin la tarjeta que acredita que están dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y añadió que el cobro de la tasa se "contempla la nueva ordenanza del taxi, aprobada en el mandato anterior. "No había entrado en vigor aún porque en Tributos no se dieron cuenta", sostuvo. Para corroborar su afirmación, mostró un correo enviado por el servicio de Tráfico y Transportes el 2 de junio de 2015 a la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), en la que le comunicaba el cobro de la tasa.
En cuanto a los tres titulares en situación irregular, sostuvo que se les ha requerido para que regularicen su situación "en un plazo de 30 días". No obstante, según aseguró el pasado sábado el concejal de Movilidad José Eduardo Ramírez -en el programa de radio Taxi Libre, conducido por la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxi (Atlatc)-, "se les va a dar tres meses para no entrar como un elefante en una cacharrería. El Ayuntamiento ha permitido esta ilegalidad y vamos a dar un plazo de tres meses para dar tiempo a la gente a que se de alta" en el régimen de autónomos. "Y el que no lo haga, le vamos a suspender la licencia"
Dávila informó, en cuanto a las inspecciones, que desde el pasado 2 de marzo, que se envió la circular a las asociaciones y cooperativas de taxistas se han realizado "14 inspecciones ordinarias de licencias, en las que se detectó a dos titulares que no tenían tarjeta RETA, y otras 12 inspecciones voluntarias, en la que se localizó a un patrón sin la RETA".
Por su parte María Eugenia García Rocha consideró " fea" la imposición de la tasa y "más feo aún echarle la culpa al gobierno anterior", después de "hablar tanto de la precariedad del taxista y de que sobran licencias. Ahora los castiga con el cobro de unas inspecciones y encima no cumple con el interés general del taxi y permite que se perpetúe la ilegalidad en la gestión, ya que hay cientos de licencias en manos de viudas, jubilados y herederos". García Rocha acusó a Ramírez de "estar prevaricando" con las inspecciones", porque "acaba de enviar una circular advirtiendo a todos que tienen que estar dados de alta en el RETA y al mismo tiempo está permitiendo que titulares que no son autónomos sigan trabajando como si no pasara nada. Está jugando a hacerse el legal, cuando en realidad está prevaricando y lo vamos a denunciar ante el juez, porque la ley está para cumplirla". A Rocha le consta que hay "al menos tres licencias que han pasado la revisión, cuyos titulares no son autónomos. Una de ellas es de un trabajador de Guaguas, que está contratado en el régimen general. El titular tiene a su hermano contratado como autónomo colaborador y ha pasado la revisión. Otro es jubilado y el tercero es trabajador del Cabildo. Las licencias siguen estando en prevaricación manifiesta". A su juicio, "el actual gobierno municipal sigue mirando para otro lado y permitiendo la ilegalidad porque quiere aniquilar el servicio público del taxi".
