El balón del conflicto de la estiba vuelve a estar en manos del Gobierno. Los estibadores han pedido al Ejecutivo que presente una nueva propuesta normativa que permita cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y garantice el cien por cien de los puestos de trabajo actuales cuando se liberalice el sector después de que hayan rechazo la intervención de un mediador en las negociaciones. La patronal, por su parte, ha aceptado la propuesta planteada por el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, aunque condicionada al esclarecimiento y al cumplimiento de algunos puntos.
Esta es la postura de sindicatos y patronal después de que la pasada semana el Gobierno aceptara la propuesta de Peña para llegar a una solución que contentará a las tres partes y resolviera de una vez por todas el asunto de la estiba, en negociaciones desde hace varios meses. Los principales desacuerdos estriban en la subrogación de los empleados, la mejora de la productividad y el sistema de ayudas para la transición de un modelo monopolista a otro liberalizador. Ambas partes tenían hasta el día de ayer para aceptar la propuesta del mediador.
La Coordinadora del Mar y los sindicatos UGT y CCOO afirmaron en un comunicado que el acuerdo alcanzado con la patronal Anesco, el pasado 29 de marzo, y titulado Principio de acuerdo en el sector de la estiba es el documento base para negociar un acuerdo con la administración, ya que ha sido ratificado por los máximos órganos de las dos partes. Y, aunque agradecen la intervención de Peña y de su contribución a la conciliación para que todas las partes acercasen posturas, no lo consideran necesario puesto que ya hay un documento de consenso.
Garantizar el empleo
Los sindicatos insisten en que es preciso conocer la propuesta normativa del Gobierno para analizar si, de la combinación de ese proyecto de norma y del convenio colectivo del 29 de marzo, puede obtenerse el resultado que todas las partes dicen perseguir: ejecutar la sentencia del TJUE con la garantía del 100% del empleo del personal actual y con instrumentos de mejora de la productividad.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna aseguró ayer que el Gobierno está dispuesto a dar rango normativo a la propuesta del mediador en el conflicto de la estiba, cuyo contenido se incluiría íntegramente en un decreto que pendería del real decreto ley que reformará el sector, y que según el ministro llevará lo antes posible al Consejo de Ministros, después de que el anterior fuera rechazado por trabajadores y patronal y por el propio Parlamento.
El ministro, que no entró a valorar la postura de los estibadores y de la patronal, dijo que "aceptamos dicha propuesta y si la pregunta es si le vamos a elevar a un rango normativo, la respuesta es sí". Y apuntó que, en principio, iría en el desarrollo reglamentario del real decreto ley y se materializaría en un decreto que contendría íntegramente la propuesta del mediador.
En cualquier caso, insistió en que la propuesta "colgaría del propio real decreto ley para que haya garantías de que el Gobierno de España aprueba el contenido íntegro de la propuesta" y facilitaría el mantenimiento del empleo y las ayudas públicas por parte de Fomento con la incorporación del funcionamiento operativo del sistema. "Sinceramente, creo que el Gobierno ha hecho todo lo que podía hacer durante todos estos meses", añadió el ministro, quien puntualizo que la negociación no podía ser indefinida.
Los sindicatos reiteran en que la nueva propuesta del Gobierno debe dar "respuesta a los requerimientos de Europa" y cumplir con la garantía de empleo de los trabajadores y su "vinculación laboral futura (directa o indirecta) con las empresas". "Para terminar de desarrollar el acuerdo rubricado en el sector, queda por conocer la nueva propuesta normativa que ofrezca el Gobierno para dar respuesta a los requerimientos de Europa a la vez que se cumpla la garantía de empleo de los actuales trabajadores de las Sagep y la vinculación laboral futura (directa o indirecta) con las empresas titulares del servicio de manipulación de mercancías por medio de Centros Portuarios de Empleo (CPE). Para ello, la regulación jurídica de los CPE debe disponer como únicos socios a los referidos titulares del servicio portuario y eludir los obstáculos normativos para la constitución y para el establecimiento de relaciones laborales estables", explican en el comunicado.
Las empresas, por su parte, solicitan al Gobierno que se esclarezca si se mantendrán todos los términos del real decreto-ley derogado y, en especial, sobre su régimen transitorio, así como su posterior desarrollo. Asimismo, quieren que se determine el alcance real de las medidas propuestas por el Gobierno en su plan de ayudas a los trabajadores portuarios y que se especifique el número de afectados, su distribución geográfica y los plazos.
También piden que exista una garantía de igualdad competitiva entre los operadores actuales y los nuevos. Y solicitan, además, la tutela del Gobierno para garantizar el desarrollo de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria.
