El Área de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria todavía no sabe si se sancionará a los negocios que fueron obligados a retirar sus terrazas durante las procesiones del pasado Viernes Santo. Así lo comunicó ayer su directora general, Eulalia Guerra, quien aseguró que los restauradores "han incumplido una resolución administrativa que les fue enviada el miércoles" y que ahora es "el Consistorio el que tiene que valorar" si van a ser penalizados por ello. No obstante, se desconoce cuándo se sabrá si la multa finalmente sale adelante y, lo más importante, cuánto tendrán que pagar los afectados en caso de que así sea.
La polémica surgió durante una de las últimas jornadas de la Semana Santa en la que el Hotel Madrid, El Canalla y el Te lo Dije Pérez recibieron la orden de la Policía Local de retirar sus sillas y mesas y meterlas en el interior de los establecimientos. Un hecho que por primera vez se ha dado en la capital, a pesar de que Guerra insiste en que se trata de la misma ordenanza municipal que rige este tipo de eventos desde hace años. Y es que según explicaron los empresarios, en otras ocasiones ha bastado con pegar el mobiliario de los bares a la pared. "La pregunta es por qué así molestábamos y no lo hacían los puestos ambulantes", se cuestiona Ramón Sáinz- Rozas, propietario de los locales de Obispo Codina.
Aún así, "a las cuatro de la tarde las terrazas ya estaban recogidas y plegadas contra el muro tal y como habían indicados los policías". Según el restaurador, fueron los propios agentes los que les dijeron que esperasen "a que llegase el jefe del cuerpo para confirmar si había que meterlo todo en el bar", por lo que tampoco entiende por qué al día siguiente recibieron los "boletines amarillos" notificadosboletines amarillos que se pueden traducir en una sanción, o no.
Un caos que no está claro tampoco ni para los concejales de los distritos Centro y Vegueta (donde se emplazan los locales), José Eduardo Ramírez y Lourdes Armas, respectivamente, que esperan que el área de Seguridad determine el rumbo de una medida que escapa de su potestad y sobre la que Eulalia Guerra no quiso ayer hacer ninguna valoración.
Los que sí manifestaron su postura en contra fueron los miembros de la oposición. Para el Partido Popular, la "total descoordinación entre las concejalías del tripartito en la organización del dispositivo municipal con motivo de las procesiones de Semana Santa "generó un daño enorme" a los hosteleros de Vegueta. Según su concejal, Ignacio Guerra, el gobierno local "no ha tenido en cuenta que es uno de los momentos del año en los que mejores balances obtienen con motivo de la mayor afluencia al casco histórico".
Por su parte, Ángeles Batista, portavoz de Unidos por Gran Canaria tildó de "actuación aleatoria" la orden municipal. "Me parece una falta de desconocimiento total hacia la realidad empresarial y si les ponen una sanción será un abuso de poder por una interpretación personal de la normativa". Desde Ciudadanos, Beatriz Correas también tildó de exagerado el castigo y aseguró que pedirán explicaciones en el pleno. "Este es un Estado aconfesional y si no es un acto organizado por el Ayuntamiento no entiendo que se actúe así".
