El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado firme la sentencia que da la razón a Miguel Ángel Ramírez en el pleito emprendido contra el Cabildo para obtener la calificación territorial de las obras realizadas en su finca de La Milagrosa.
El empresario fue condenado en 2010 por la vía penal a tres años y un día de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio al vallar su finca, construir nuevos accesos y ejecutar en 2004 muros de contención, parterres, un aparcamiento, un alpendre y una pajarera en suelo rústico protegido.
Tres años después, en 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abrió la puerta a la legalización en vía administrativa de una parte de las construcciones, pues la Sala de lo Contencioso concluyó que el Plan Especial del Paisaje Protegido de Pino Santo no estaba vigente cuando se solicitaron los permisos y, por tanto, el Cabildo debía retrotraer el expediente para volver a resolver la solicitud.
Fruto de esa sentencia del TSJC el Grupo Ralons reclamó de nuevo la calificación territorial, pero el Cabildo insistió en su negativa a legalizar las obras y el empresario recurrió la resolución ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, que finalmente falló a favor de Ramírez el pasado 29 de marzo. La sentencia daba 15 días a la Corporación para recurrir al TSJC, pero el Cabildo ha renunciado ha su derecho de apelación y el Juzgado declaró ayer la firmeza del fallo. La letrada de la Administración de Justicia, en ese sentido, obliga a la institución a legalizar las obras en 10 días.
El empresario, tras obtener en 2013 la sentencia favorable del TSJC en la jurisdicción contencioso administrativa, solicitó al Tribunal Supremo (TS) la revisión de la condena penal, pero la Sala rechazó el recurso y confirmó los fallos dictados por el Juzgado de lo Penal número 5 y la Audiencia de Las Palmas que, incluso, ordenó la demolición de la obras que afectaban al medio ambiente, entre las que destacaban un vallado de hormigón para cerrar la finca y un nuevo ramal de acceso para los coches, con la destrucción de acebuches y de laureles.
Ramírez, tras derribar las obras ilegales y abonar la responsabilidad civil, obtuvo un indulto parcial del Gobierno y el Juzgado accedió a rebajar la condena a dos años de cárcel. El indulto fue luego anulado por motivos formales que están pendientes de subsanación. Esta última sentencia abre ahora una nueva vía al empresario, sobre todo respecto a la actuación del Cabildo, pues el juez Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego aprecia un "tinte sospecho de voluntarismo" al denegarse la calificación territorial tras la sentencia del TSJC.
