28 de julio de 2017
28.07.2017

El Cabildo se ve obligado a revisar la unión de San Lorenzo a la capital

Una sentencia insta a la Corporación insular a examinar los acuerdos de anexión del antiguo municipio que se aprobaron en el Consejo de Ministros de 1939

28.07.2017 | 02:10
Miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de San Lorenzo en una protesta de 2012.

El Cabildo de Gran Canaria abordará en el Pleno Ordinario de hoy la revisión del acuerdo de anexión del antiguo municipio de San Lorenzo al de Las Palmas de Gran Canaria en 1939, una revisión a la que se ve obligado por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Las Palmas.

El fallo judicial, del 14 de octubre de 2016, fue emitido a instancia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del municipio de San Lorenzo. La organización recurrió en 2015 la desestimación presunta -por falta de respuesta del Cabildo- de su solicitud de revisión del acuerdo del Consejo de Ministros del 9 de noviembre de 1939, un acuerdo que se publicó en el BOE el 30 de noviembre de 1939.

La corporación insular también planteará hoy la notificación del acuerdo que salga de la sesión plenaria a la plataforma que aboga por recuperar el antiguo término municipal, otorgándoles el trámite de audiencia en un plazo de 15 días. Al mismo tiempo, se dará la misma oportunidad al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como parte afectada.

Igualmente, se informará del acuerdo a la ciudadanía, conforme al artículo 83 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas, sometiéndose a información pública en un plazo de 30 días. Está en juego, según el texto que presentará el Cabildo, "una alteración del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con sus consiguientes eventuales efectos en la ciudadanía".

La tramitación de la revisión del acuerdo de anexión que va a llevarse a cabo hunde sus raíces en el nacimiento de la plataforma por la memoria histórica en diciembre de 2009, dos años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en las Cortes, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su primera gestión ya en 2009 fue solicitar al Consejo de Ministros que declararan de oficio la nulidad de los acuerdos alcanzados setenta años atrás para la fusión de ambos municipios grancanarios. La asociación consideraba que los acuerdos a los que se llegaron tras la Guerra Civil se saltaban la Ley Municipal de 1935, pues no se cumplieron los requisitos exigibles en cuanto al número de concejales proponentes y al dictamen del Consejo de Estado. Asimismo, añadieron que las personas designadas para dirigir los municipios en 1938 lo fueron de modo coactivo por el Gobernador Civil y que el acto se produjo "previa tramitación ilegal en plena Guerra Civil por motivos políticos". Según la asociación, la anexión se hizo "de forma violenta, incluso con pistolas en la mano".

Carrera judicial

Ante la falta de respuesta por parte de la Administración central, los de San Lorenzo recurrieron ante el Tribunal Supremo. Según la sentencia, que se publicó en diciembre de 2012, la decisión del Consejo de Ministros de 1939 no entra en ninguna de las categorías reseñadas en la Ley de Memoria Histórica, "por más que en el término de San Lorenzo se hubieran producidos los hechos singulares a los que la demanda se refiere, que culminaron con penas de muerte y privación de libertad impuestas a determinadas personas tras los respectivos consejos de guerra". Al mismo tiempo el Abogado del Estado recordó que el Gobierno de España no tenía las competencias para estudiar dicha solicitud, pues las competencias se traspasaron a las Comunidades Autónomas y, en el caso de Canarias, a los Cabildos Insulares.

Por todo ello, los magistrados fallaron que no estimaban las peticiones de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del municipio de San Lorenzo. Además, en aquella ocasión, el Consistorio de la capital grancanaria "suplicó" al Tribunal Supremo que desestimara la demanda.

A pesar de los traspiés administrativos, la asociación no cesó en ningún momento en su empeño. El 7 de mayo de 2011 publicaron en su página web, al inicio de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de ese año, la siguiente frase: "Somos ciudadanos a los que nos se nos ha dado en más de treinta años de democracia, la posibilidad de reintegrarnos en nuestro derecho constitucional, que no es otro que el derecho a la municipalidad, derecho que es totalmente equiparable a los otros derechos que gradualmente se han ido recuperando por otros colectivos que también fueron desposeídos en el período de la dictadura".

Fue en 2014 cuando la agrupación presentó ante el registro del Cabildo Insular de Gran Canaria, bajo la administración de José Miguel Bravo de Laguna, una revisión y declaración de nulidad de la anexión del municipio de San Lorenzo al de la capital. Los integrantes de la asociación calificaron en aquel entonces el acto como "un hecho histórico, que responde a la exigencia de una restitución en derechos, el derecho a la municipalidad, derecho del cual fueron despojados sus habitantes de una forma arbitraria".

Ante la "desestimación presunta" de la institución insular, que no dio respuesta al requerimiento, la plataforma de la memoria histórica acudió una vez más a la vía judicial en 2015. Demandó entonces a la institución insular y codemandó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión, los tribunales estimaron parcialmente las peticiones de la asociación y se condenó a la Corporación insular a revisar los acuerdos del Consejo de Ministros de 1939, trámite que inicia hoy.

Una ciudad dividida

El antiguo término municipal de San Lorenzo ocupaba la totalidad del actual distrito Tamaraceite San Lorenzo Tenoya, y parte de los distritos Isleta Puerto Guanarteme y Ciudad Alta. El límite entre ambos territorios seguía la línea del barranco de La Ballena, desde la playa de Las Canteras hasta su cabecera, en el centro comercial homónimo. La frontera continuaría sobre los actuales barrios de La Paterna y Los Tarahales hasta llegar al lecho del Guiniguada. Su cauce completaría el perímetro hasta los límites con Santa Brígida. A grandes rasgos, la línea divisoria coincidiría con la actual autovía de circunvalación GC-23, entre Guanarteme y los viaductos del Guiniguada.

De esta manera, las zonas de expansión de la capital grancanaria en las últimas décadas, es decir, el eje Pintor Felo Monzón y Juan Carlos I, serían parte de otro municipio. Asimismo, el barrio de Guanarteme quedaría completamente separado en dos mitades.

De ocurrir la secesión de San Lorenzo, con los límites que tenía en 1939, la ciudad perdería lugares tan reseñables como el Hospital Doctor Negrín, el Auditorio Alfredo Kraus, el centro comercial Las Arenas, el recinto ferial de Infecar, el cementerio de San Lázaro y la ciudad deportiva de Siete Palmas.

Una larga historia

Según Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y pregonero este año de las fiestas patronales del antiguo término municipal, los habitantes de la localidad no han perdido su identidad 78 años después de perderla. "Ellos nunca perdieron esa consciencia, hoy sus habitantes siguen diciendo que viven en el pueblo de San Lorenzo", recalca.

En 1681 los habitantes del Lugarejo de Tamaraceite, como se conocía a la zona en aquel entonces, recibieron el reconocimiento como parroquia y les otorgaron un alcalde real pedáneo. En ese momento se inicia la historia de este antiguo municipio.

Es en el siglo XIX cuando comienzan los deseos de expansión de la capital grancanaria. La urbe tenía la necesidad de expandir su territorio, pues gran parte de las zonas sin urbanizar eran arenales o lugares pedregosos, improductivos y difíciles de modificar. En la primera mitad de la centuria, San Lorenzo cede a la ciudad La Isleta y el Istmo de Guanarteme, lugares donde se construiría en pocas décadas el Puerto de La Luz.

El Frente Popular venció en las elecciones de 1936 en el término de San Lorenzo, liderados por el comunista Juan Santana Vega. Tras el golpe de Estado del 18 de julio, la corporación municipal es perseguida y encarcelada. El 29 de marzo de 1937, las fuerzas franquistas fusilaron en el Campo de Tiro de La Isleta al alcalde; a Antonio Ramírez Graña, secretario municipal; a Manuel Hernández Toledo, jefe de la Policía Local, y a los sindicalistas Francisco González Santana y Matías López Morales.

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