Los ciudadanos que quieran acogerse a las ayudas al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, el conocido como IBI social, podrán hacerlo a partir del próximo 24 de octubre, tras aprobarse de manera definitiva ayer con los votos de los concejales del gobierno Tripartito, Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria la nueva ordenanza que regula las bases del programa de concesión de ayudas. La nueva ordenanza amplía el número de potenciales beneficiarios al duplicarse el valor catastral máximo de las viviendas, pasando de 30.000 a 60.000 euros, y la inclusión de los usufructuarios de las mismas, además de los propietarios. El Partido Popular, cuyas cuatro alegaciones fueron rechazadas por el gobierno local, votó en contra al considerar que no se debe tener en cuenta el valor catastral.
