La corporación municipal acaba de respaldar por unanimidad en un pleno extraordinario y urgente la aprobación de una modificación de crédito para liquidar antes de que acabe el año la deuda de 13,3 millones que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con los bancos privados. La oposición respaldó la medida, que se llevará a cabo con dinero que sobró del ejercicio pasado, pero criticó la demora en el pago que sufren las empresas y contratistas que suministran materiales, servicios o hacen obra para el Ayuntamiento.

Según el último informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria superó los 100 días en septiembre pasado, lo que supone que la ciudad tarda más de tres meses en abonar las facturas, pese a que la ley le obliga a hacerlo en el plazo de un mes. Este incumplimiento en el pago a proveedores impedirá al Ayuntamiento destinar el resto del dinero sobrante del superávit de 2016 a realizar inversiones financieramente sostenibles, como tenía previsto inicialmente. En mayo pasado se anunció que se destinarían 10 millones a estas pequeñas inversiones.

El regidor Augusto Hidalgo, aseguró el pasado viernes que el periodo medio de pago se ha reducido y está en la actualidad en 45 días, tras realizar el pasado mes un abono de 11 millones pendientes a los proveedores. La tardanza en el pago se debe a problemas de gestión porque el Ayuntamiento tiene liquidez y el alcalde lo atribuyó a la gran cantidad de inversiones públicas en marcha, que cifró en 200.

Tanto el Partido Popular (PP) como Ciudadanos (Cs) y Unidos por Gran Canaria criticaron al alcalde que se dedique a "sacar pecho" por la liquidación de la deuda bancaria, una medida a la que está obligado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que "tanto critica".

Jimena Delgado, concejala del PP, lamentó que el gobierno Tripartito no se dé la misma prisa en cumplir con el pago a los proveedores."Lo que sí es responsabilidad suya es que la ciudad se haya situado en el puesto número uno de los municipios de España en morosidad. Es un magnífico pagador a los bancos, pero un pésimo pagador a los proveedores" de servicios y obras. En opinión de Delgado la evolución de la demora en el abono a proveedores se acerca a la época del mandato de Jerónimo Saavedra, donde el retraso en el abono de las facturas llegó a alcanzar los 215 días.

En la misma línea se pronunció el edil de Cs, Javier Amador, quien recriminó al alcalde que "saque pecho por cumplir la ley, cuando lo que debería hacer es sacar pecho por pagarle en tiempo y forma a los proveedores y constructores. Eso también estaría bien. Está usted vendiendo la liquidación de la deuda a los bancos como si fuera el paradigma de la buena gestión cuando ustedes mismos reconocen que se están limitando a cumplir esa ley. La buena gestión es pagar a tiempo. Ya que no saben gestionar, un poco de modestia nos les vendría mal".

Augusto Hidalgo lamentó las críticas de la oposición a lo que consideró un "momento histórico" del Ayuntamiento que, por primera vez, no tiene ninguna deuda con los bancos privados, pese a que cuando llegó el gobierno Tripartito "no era el Ayuntamiento más solvente de España. En año y medio hemos pagado la deuda, a la que nos obliga una ley estatal injusta y absurda, pero la hemos cumplido, y además hemos invertido el dinero que sobra", por la imposición del techo de gasto, "otra posibilidad que nos da la ley y que el PP nunca aprovechó en el mandato anterior. Otros ayuntamientos con peor situación económica que la de esta ciudad invirtieron" el dinero del superávit en actuaciones, mientras que el anterior alcalde, Juan José Cardona, renunció a ello.

El coordinador general de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación, David Gómez, reconoció que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria la que obliga a todos los ayuntamientos a pagar, con prioridad absoluta, la deuda con los bancos. En cuanto a la ausencia de inversiones con el dinero sobrante de las inversiones, aseguró que es "muy difícil hacerlas" porque los "presupuestos generales" del Estado se aprobaron en junio pasado. "Las haremos en 2018. Este gobierno no va a dejar de hacer inversiones financieramente sostenibles en 2018. El año pasado, el PP las criticó cuando las hicimos y ahora nos critican por lo contrario", se quejó Gómez.