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Condenado por humillar y vejar a sus compañeros por testificar contra él

El mando policial arrastra otra condena por falsear un atestado

Condenado por humillar y vejar a sus compañeros por testificar contra él

El Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha impuesto cuatro años y cuatro meses de prisión a un exsubinspector de la Policía Canaria que acosó a un agente y le causó lesiones psíquicas a otro. Ocurrió después de que ambos testificaran en la operación Ladrillo, donde el mando policial acabó condenado a otros cuatro años por falsear un atestado y simular una agresión para inculpar a un ciudadano detenido en los Carnavales.

Carmelo Martín Sosa Déniz, entre los años 2010 y 2013, ocupó los puestos de oficial y de subinspector en la base que el cuerpo autonómico tiene en Gran Canaria, de la que, además, llegó a desempeñar el cargo de jefe. La nueva sentencia le condena como autor de dos delitos de acoso laboral (tres años de cárcel en total) y otros dos de lesiones psíquicas (un año y cuatro meses de prisión)

Uno de los agentes está incapacitado de por vida para ejercer como policía, según declara probado la resolución judicial, que es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia de Las Palmas. Carmelo Sosa, que está de baja por cuestiones ajenas al procedimiento, deberá indemnizar a la víctima principal con 66.605 euros y con 13.000 euros al otro perjudicado, más los intereses.

La Comunidad Autónoma de Canarias está condenada como responsable civil subsidiaria de los malos tratos a los que el mando sometía a los policías, quien, además, tiene la obligación de pagar los gastos del proceso, señala la sentencia difundida por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Según los hechos probados, Carmelo Martín Sosa dispensó desde 2010 "un trato humillante, ofensivo y discriminatorio" a los dos agentes que estaban a su mando. Así, "de forma reiterada", tanto en las reuniones para impartir instrucciones como en los vestuarios y delante de los compañeros, decía a uno de los funcionarios que no era policía y que no merecía serlo, o que había personas que sólo servían para estar "rodeados de putas y maricones". También le quitaba la palabra y se reía de él.

Sosa asignaba a su subordinado instrucciones para que las ejecutara con más frecuencia que el resto de compañeros. Esos servicios estaban peor considerados por su "falta de dinamismo o actividad o soledad", añade el fallo judicial.

En otras ocasiones ejerció su influencia para denegar al agente cambios de turno y una licencia de estudios, de la que el jefe anterior "había informado favorablemente". La situación se agravó en 2013, destaca la magistrada Natalia Suárez, cuando el policía prestó declaración en el procedimiento abierto por la operación Ladrillo. A partir de entonces, "el rigor fue mayor con él y los servicios menos valorados se le adjudicaban con mayor frecuencia".

Incapacidad y ansiedad

Todo esa situación llevó al agente a la baja médica en marzo de 2013, tras sufrir una crisis de ansiedad en plena jornada laboral. "Esta continua, sistemática y deliberada conducta de hostigamiento y presión", establece el fallo, "le ha provocado un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión", con un estado anímico crónico y el reconocimiento de "una incapacidad permanente total para su profesión habitual" por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El otro perjudicado, tras declarar en el caso ladrillo, recibió un trato humillante y discriminatorio, llamándole en público "flipao, chiflao y milotroncho" por su procedencia del Ejército. Se le asignaron, como a su compañero, servicios en los calabozos o fue cuestionado por falsas irregularidades para abrirle un expediente.

La intención de este "hostigamiento", destaca la juez, era vejar y discriminar al policía respecto al resto de la plantilla. El afectado, para "escapar" de esta situación "absolutamente insoportable", pidió una excedencia voluntaria en septiembre de 2013. Sufrió un trastorno adaptativo con sintomatología mixta ansioso-depresiva, enfermedad de la que ha sido dado de alta.

La ejecución de la sentencia, que también inhabilita al mando policial, posiblemente quede en suspenso hasta que se resuelva la apelación de la defensa ante la Audiencia de Las Palmas.

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