Los habitantes de Las Rehoyas se mueven desde hace algo más de un año entre la incertidumbre, la incredulidad, la esperanza y el miedo a que la anunciada reconstrucción del barrio se vaya al garete o a que los manden lejos de donde han vivido buena parte de sus vidas. El barrio afronta dividido el anuncio de la reposición, pero si hay algo común a todos es la resignación que parece haberse adueñado de ellos. La mayoría coincide en quejarse por la falta de información sobre el proceso, el pésimo estado de las casas y en su preocupación ante la posibilidad de tener que irse a vivir a otro barrio. Claro que también hay vecinos, aunque son los menos, que aseguran que el que no se ha informado de lo que hay es porque no ha querido. A la última asamblea celebrada en el barrio a finales del pasado mes de enero acudieron algo más de un centenar de personas. Y es que según explica una comercial que trabaja en el barrio y sabe mejor que nadie como respiran los residentes porque se patea los bloques a diario, "la gente quiere tener su casa nueva, pero se quiere quedar aquí".
Otro asunto que inquieta en Las Rehoyas es lo que van a tener que pagar por sus casas nuevas y cuestiones como el pago de la comunidad, el IBI y las nuevas escrituras.
La Plataforma Vecinal Las Rehoyas-Arapiles ha intentado durante el último año consensuar el proyecto y garantizar las mejores condiciones para los vecinos. Algunas de sus propuestas, como la creación de una mesa de información y la consulta popular y otras relativas a la urbanización del barrio y a las condiciones socioeconómicas han sido tenidas en cuenta, pero otras no. El último enfrentamiento con Urbanismo ha tenido lugar hace poco a cuenta de la construcción del primer edificio en el parque. La plataforma acusa al concejal Javier Doreste de trabajar a sus espaldas y de incumplir las reglas del juego por no convocar una mesa técnica para terminar de consensuar el proyecto. Una de las portavoces, Pino Sánchez, indicó el pasado viernes, tras recibir el último plano enviado por Urbanismo, que están estudiando la última propuesta para adoptar una decisión. Sánchez se defiende de los que acusan a la plataforma, que también los hay, de tener intereses oscuros. "Somos un grupo de vecinos que desde 2012 estamos luchando por el barrio y que siempre estamos invitando a la gente a trabajar con nosotros". Sin embargo, la mayoría no se implica. Todos los que tienen más de 60 años, que son mayoría, quieren que la reconstrucción empiece cuanto antes. Entre otras cosas, bromean, para poder ver la casa nueva antes de irse al otro barrio. El tiempo vuela y a ellos se les escapa de las manos.
"¡Que lo tiren ya de una vez!, exclama Ana Rosa, mientras baja con su perro y su nieta por las cochambrosas escaleras que conducen a la calle Santa Luisa de Marillac. La zona está repleta de escaleras rotas y espantosos descampados que unen o separan, según se mire, los desniveles entre las casas. "Las casas están cayéndose. La mía está fatal. Yo vivo en la calle Macarena y si llueve el agua me entra en mi casa por los bajantes; y si lava el vecino igual. Estos pisos son muy viejos. A mí me da miedo. Llevo aquí desde el año 86, lo compré de segunda mano, y quiero una casa más decente. Cuando me mudé aquí, cogí una depresión al ver esto tan chico. Qué ganas tengo de que las tiren", exclama Ana Rosa.
Además de las humedades siguen apareciendo grietas, sobre todo, en los bloques situadas en uno de los tramos de la calle Santa Luisa de Marillac, las primeras que se tirarán. El problema se sigue agravando desde que surgió hace más de veinte años porque el terreno de la ladera ha cedido. Los vecinos recuerdan que a mediados de los noventa se tuvo que apuntalar un edificio, en el que empezaron a aparecer grandes grietas en la fachada, debido al movimiento de las zapatas de los cimientos.
Otra razón fundamental para el cambio la apuntan Rosario Sánchez y Francisca Sánchez: "Ya somos mayores y no hay ascensor". Tienen 80 y 79 años y de momento aseguran que llevan "mal que bien" lo de subir tres pisos todos los días, pero "ya te pesan mucho las escaleras y mi hermana es minusválida" . Ambas recuerdan como si fuera ayer el día en que les entregaron las llaves de sus casas en la calle Santa Luisa de Marillac.
"Fue el 18 de julio de 1960. Las viviendas están bastante mal, aunque las hemos arreglado por dentro. La mía tiene 39 metros cuadrados, lo que pasa es que la cocina es un poco más grande porque hemos aprovechado el balcón; si no sería una miseria. El baño, ídem de lo mismo. Para una familia pequeña no están mal, pero para una grande son bastante agobiantes. Llevamos toda la vida esperando por esas casas. Hace muchísimos años que les oímos decir que se van a hacer, pero no hay forma".
Cuando les preguntas por la reposicióndudan si vivirán lo suficiente para verla. "A mí no me importa irme a vivir al edificio del parque, para nada. Prefiero irme ahí que al quinto pino. Queremos que empiece y que lo hagan ya, por lo menos para que nos dé tiempo a conocer las nuevas casas. Mis hijos nacieron aquí y se criaron aquí. Todo lo hemos hecho aquí y queremos quedarnos aquí, porque todo lo tenemos muy cerquita", afirma una de ellas.
Ratoneras
La que no se cree nada es Priscilla Mentado García, que considera que todo el proyecto del que habla el gobierno municipal es mentira. "Yo estaba embarazada de mi hijo cuando empecé a oír hablar de la reposición y ya tiene 17 años. Ya no me creo nada; para mí todo es mentira", sostiene desde la ventana de su casa Priscilla que está convencida de que "ahora se vuelve a hablar del asunto porque se acercan las elecciones y quieren votos fáciles. Desde mi casa puedo ver la zona donde dicen que van a construir el primer bloque y ahí no hay nada. Los coches siguen ahí".
La casa es de su abuela. "Es verdad que la casa es vieja y tiene 45 metros cuadrados. Es una ratonera, pero en ella han vivido mi abuela y sus cuatro hijos. Y ahora vivimos siete personas. Mi abuela vive ahora conmigo que soy su nieta y con sus biznietos y dice que no va a ver la nueva casa. Mi abuelo se murió con la pena de no verla. La casa es chica, pero nos adaptamos, no queda otra. Yo quiero quedarme en esta calle. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo no he visto a ningún concejal que haya venido a nuestras casas a hablar con nosotros. Además, estamos hablando de 20 metros cuadrados más". Asegura que hace poco tuvieron que ir los bomberos a sacar a una señora enferma por la ventana de un edificio de enfrente para meterla en una ambulancia, porque los sanitarios no la podían bajar por esas escaleras en las que malamente cabe una persona.
Muy escéptica se muestra también Dolores Brito. Lleva 57 años viviendo en la calle Macarena. "Esta es la casa que me dio Dios. Mi marido falleció hace cinco años y ahí sigo yo. Mi casa no tiene ningún problema. Dicen y dicen y dicen que van a reponer el barrio, pero yo no me lo creo. Lo que sí me gustaría es que me dieran la casa nueva aquí, que no nos manden a Tamaraceite o a otro lado". María prefiere no pensar en el asunto. O a l menos eso es lo que dice mientras acarrea las bolsas del supermercado hasta su casa, aunque aclara que no entiende muy bien la polémica por el campo de fútbol. "Yo sé que el deporte es importante y todas esas cosas, pero entre un campo para jugar al fútbol y un edificio para que las personas vivan mejor, no sé, no sé", opina sin atreverse a hacerlo de forma clara María, mientras se aleja hacia su casa cargada con las bolsas y la ayuda de su hijo.
Por el barrio se ven carteles de se vende en casas tan cochambrosas que parece difícil que alguien pueda estar interesado en comprarlas, pero los vecinos aseguran que hay particulares y bancos interesados en hacerse con ellas, con la vista y la cartera pendiente de la nueva vivienda. El edil Doreste mostró hace varios meses su preocupación por ese fenómeno de "especulación brutal" por parte de gente que ofrece hasta 40.000 euros, por unas casas, cuyo valor catastral es de 28.000 euros. "El Ayuntamiento", dijo Doreste, "está dispuesto a pagar el valor catastral y a comprar las casas para tirarlas", como una manera de atajar esa especulación, aunque las nuevas viviendas no se podrán vender durante los primeros diez años, según establece la ley.
