A estas alturas, es innegable que los textos para escolares son un negocio muy lucrativo en nuestro país, habiendo reportado al sector empresarial 868 millones de euros de beneficios en el año 2011 (según informe de Anele), frente a una escasísima inversión por parte de la Administración pública. También en otros países las grandes corporaciones se disputan parte de ese negocio, pero mientras en España se recurre a fórmulas alternativas como becas, ayudas o préstamos de libros, pero sin exigencia alguna a las editoriales que año tras año llenan sus bolsillos de dinero fácil, como las que gestiona la Iglesia católica -una de ellas produce los libros más caros y son exigidos en la mayoría de los centros escolares- en otros países existe un pacto ético suscrito entre el conjunto de las editoriales nacionales para evitar el exceso de costo de los libros, en forma de comisiones para incentivar al profesorado de su utilidad y que al final sufragan las familias.

Son objeto de un control tan riguroso en algunos países -incluso en vías de desarrollo-, que este año han sido denunciadas de oficio cuatro empresas, por el tipo de prácticas citadas anteriormente, que les ha supuesto la inmovilización de fondos a fin de garantizar una eventual devolución del dinero pagado en exceso por los padres. También se les ha exigido la relación de centros escolares que escogieron sus libros.

Asimismo los docentes han sido requeridos a fin de que expresaran los criterios de selección, mediante declaración jurada, para comprobar si había primado la decisión pedagógica. Todo ello coordinado por los ministerios de Educación. Estas medidas, promovidas desde el poder político de estos países, intentan combatir el afán de lucro de las grandes corporaciones editoriales que mercadean indecentemente con la educación de sus hijos.

En España, con los agresivos recortes de este gobierno, ya iniciados por el anterior, abandonan a las familias, dejándolas a merced de la rapiña promovida desde las empresas dominantes del sector. La educación no debe ser un negocio sino un derecho universal que garantice la cobertura educativa, en todos los sentidos, a la población en edad escolar.