Un amigo mío que entiende de cuestiones de economía más que yo, asegura que España no nos trata como es debido y se ve en esa actuación una especie de tufillo colonial. Afirma el hombre que uno de los grandes problemas de España y de Canarias lo constituye la financiación autonómica, que configura parte del sistema económico del Estado, especialmente en el campo de la sanidad, educación e infraestructuras.
Según mi amigo todos los agentes económicos coinciden en señalar que Canarias resulta enormemente perjudicada en el reparto de los fondos comunes, llegándose a reconocer que recibe una cifra de 353 euros por habitante, inferior a la media nacional. Tal hecho significa la importante cantidad de 700 millones por año, teniendo en cuenta que tenemos una población de dos millones de habitantes. Este déficit supone grandes carencias y problemas en los servicios esenciales para la población canaria.
Uno de los argumentos que utilizan los expertos hispanos para justificar tamaña barbarie, por llamarla suavemente, se basa en la famosa Balanza Fiscal, cuyos resultados para el ejercicio de 2011, realizados por una supuesta y bien informada auditoría, encargada por el Ministerio de Hacienda, en lo que denomina Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, que pretende hacernos creer a los canarios y adjuntos que aquí vivimos, que somos como una carga para el resto de nuestros presuntos compatriotas españoles.
Dicha noticia llega a afirmar, sin rubor alguno, que recibimos de más 4.054.000 euros, y quizás algún que otro céntimo. Ya sabemos todos (o debemos saberlo) que algunas auditorías se hacen por encargo, con las cartas marcadas de antemano, siempre, según las fuentes de este amigo, en el que yo creo. Asegura que los resultados se establecen en función de los intereses de quien paga el trabajo. "Solo así se explica la barbaridad de hacer un balance fiscal por ingreso en caja y no por procedencia geográfica", subraya este amigo.
Al mismo tiempo, se pregunta que dónde pagan los impuestos las grandes empresas españolas que operan y obtienen beneficios en Canarias. También desea saber dónde se abonan los descuentos del IRPF procedentes de las nóminas de los trabajadores de la empresas nacionales radicadas aquí, o que intervienen en estas islas, así como las aportaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores. Se refiere a los bancos, compañías de seguros, cadenas comerciales, telecomunicaciones, transportes, cadenas hoteleras, combustibles, operadores turísticos, etc. Otra pregunta que se hace: ¿dónde cotizan sus impuestos todos los funcionarios del Estado establecidos en Canarias? También desea saber en qué lugar se reflejan los beneficios o impuestos de los puertos y aeropuertos canarios. Contesta él mismo señalando que, evidentemente, será en su sede social central, o sea en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc, menos en Canarias, claro.
Da a entender el hombre, y otros muchos canarios así lo entendemos también, que nos tratan como si esto fuera una colonia que ha cambiado poco desde que anduvo por aquí un tal Pedro de Vera. Desde aquellos momentos los canarios se han sentido poco empujados a leerle la cartilla a la Madre Patria, bien por miedo, cobardía o sabe Dios qué otras causas, porque en estos territorios siempre hay colaboradores serviles y adictos, y hasta masoquistas. El Pacto de Calatayud (Reyes Católicos-1481) y otros más, reconocían a los canarios los mismos deberes y derechos que al resto de los españoles, pero nunca se han cumplido por parte del reino de España, incluso después del cambio de dinastía. A lo mejor exagero y estoy equivocado...
Y ya puestos a exigir, ni siquiera se ha cumplido el Régimen de Puertos Francos de 1852 y el llamado Régimen Especial y Fiscal de Canarias (REF) de 1972, refrendado por la Constitución Española de 1978 y la Ley de 1991 de 7 de junio, así como el Reglamento del Consejo de Europa de ese mismo año. Debe ser que en la España cañí deben tener una Constitución y nosotros, los de ultramar, tenemos otra distinta donde cabe cualquier engaño. Bueno, ahí queda eso.
