Casi toda la atención de la remodelación gubernamental se centra en el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, porque viene de la sanidad privada, y por tanto resulta inmediata y casi infinitamente sospechoso. Los compañeros más hábiles -sus reflejos solo me merecen admiración- se apresuran a recordar desde los mismos titulares que el señor Baltar es vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española y secretario de la Asociación de las Clínicas Privadas de Las Palmas. Pero ni se trata de títulos nobiliarios ni Baltar es accionista de la clínica Hospital San Roque, sino su director gerente. El grupo empresarial Hospital San Roque obtuvo en 2015 contratos con el Servicio Canario de Salud por un valor de 20 millones de euros. Lo que señalan los más avispados, gente de intuición vertiginosa, es que Baltar viene a engordar los contratos de su grupo empresarial desde los presupuestos públicos porque, como es obvio, nadie se enteraría de tan astuta operación. Lo cierto es que la sanidad privada se lleva poco más del 10% de los recursos financieros del Servicio Canario de Salud, pero lo más importante no debería ser el porcentaje, sino la eficacia y eficiencia hospitalaria y sociosanitaria de los conciertos con las empresas privadas y una fiscalización pormenorizada de los mismos, obligación que los gobiernos autonómicos de los últimos veinte años no han cumplido cabalmente. Derivar de la condición de gerente de un grupo privado ostentada por Baltar que la sanidad pública ha salido a subasta es -como mínimo- hiperbólico. Hablar de un zorro que cuida las gallinas es conocer muy poco la zoología política y los instintos lobunos de los gestores de la sanidad pública. Ya veremos.

Lo más relevante no apunta a Baltar, aunque con toda seguridad continuará en el Gobierno autonómico entre o no el PP en las vísperas o las postrimerías del verano (un profesional de prestigio no abandona su cargo por seis meses encerrado en una consejería). Lo más relevante es el profundo conservadurismo de Clavijo, que ha desdeñado los nuevos nombramientos para oxigenar el gabinete, exponer nuevos talantes, renovar rostros, escachar nulidades comprobables y comprobadas o fichar talentos. Clavijo ha cedido a esa curiosa superstición de los presidentes tinerfeños de CC -casi todos- que creen que levantarán al partido en Gran Canaria nombrando a puñados consejeros, viceconsejeros y/o comisionados grancanarios. Pero CC de Gran Canaria solo podrá reconstruirse como organización con alguna oportunidad electoral desde los ámbitos municipales. Clavijo no tenía otra opción que designar vicepresidente a Pablo Rodríguez, pero encargándole Obras Públicas lo neutraliza, aún en contra de su voluntad, para encargarse de la compleja resurrección de Coalición en Gran Canaria, que exige muchas horas semanales de pateo y esfuerzos por la geografía insular, empezando por Las Palmas. Al menos esta decisión concede una pista: el PP tampoco dispondrá de la Consejería de Obras Públicas cuando Asier Antona, como el dinosaurio, despierte y siga ahí para exigir su cuota. Barragán y Tavío son los consejeros portátiles más probables. Suya será toda la melancolía de los fugaces amores eternos, aunque Barragán lleva una eternidad y media en cargos públicos y Tavío tampoco acaba de llegar. Y no hay nada más. Todo lo demás debe funcionar razonablemente para el señor presidente. Un hombre preocupada y preocupantemente satisfecho.