Fui en varias ocasiones a pasar las vacaciones a Playa Blanca, en Lanzarote, con el imponente paisaje de Los Ajaches y el agua transparente de Papagayo, con el viejo faro de Pechiguera a un extremo y con los arrecifes del Rubicón al otro, lugar de normandos y primer sitio de la cristiandad en las Islas con la fundación de una diócesis. Un paisaje lleno de latidos, señalado por los movimientos telúricos del pasado. Entre un intervalo y otro de las estancias notaba su crecimiento urbanístico desaforado. El antiguo pueblo de pescadores de Playa Blanca, donde se podía comer las deliciosas clacas y el salmón ahumado de Uga, empezaba a virar, a caer bajo la capa de la masificación. En la línea de costa nacían los hoteles como setas; las villas empalmaban una detrás de otra; las residencias de verano subían montaña arriba, y la vista desde Femés -cantada por Pedro Guerra- dejaba de ser lo que era. No lo sabíamos, pero detrás de aquel cambio incesante, indesmayable, estaba un auténtico depredador, un tipo que dio miles de licencias a cambio de sobornos millonarios, a través de una estructura de clan familiar. José Francisco Reyes, exalcalde de Yaiza (CC-PNL) y ocho más de la banda están acusados de una ristra de delitos. Para el fatídico ex primer edil, el fiscal reclama una pena de seis años tras un acuerdo entre las partes. Un periodo en prisión que de ninguna manera va a compensar a los contribuyentes del mal realizado al territorio, pues en modo alguno verán la demolición de estos hoteles ilegales, sino más bien la asunción de dicha situación por el planeamiento municipal. La sensación, por tanto, es agridulce: la Justicia ha logrado sentar a una trama del urbanismo más indecente en el banquillo, pero esta tierra de Yaiza ya no volverá a ser la misma. Sus nuevos cimientos están asentados sobre la corrupción.
