Canarias ya tiene Ley del Suelo y entra en vigor el viernes 1 de septiembre. Es ahí donde han puesto sus votos los diputados de CC, PP y ASG. Porque debajo del lenguaje de piel de cordero que usa desde su título (Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias) y de algunos artículos acertados y consensuados (con el PSOE y con el resto de grupos), subyace un catálogo de puertas traseras para la especulación urbanística. Y lo que es peor: el Gobierno de Canarias renuncia a controlar este nuevo escenario, que es su competencia y deber, y despieza la ordenación del territorio del archipiélago en siete suertes insulares y cuatro municipales.
Para centrar mi argumentación: lo que antes era el artículo 47 (suspensión del planeamiento por razón de excepcionalidad) se multiplica en esta Ley en los artículos 169, 64, 124 y 155. Sin rubor alguno, lo que antes se hacía de forma excepcional ahora se hará de forma ordinaria. Esta deriva hacia el peor desarrollismo de nuestra historia reciente se consuma con la pieza clave, la Cotmac, que se elimina y se sustituye por un órgano autonómico sin poder real.
El Partido Socialista no está en este baile. De hecho, tampoco lo están dirigentes de CC que nos pidieron ayuda para que el PSOE presentara algunas mejoras proteccionistas que su grupo les vetaba. Es conocido que esta Ley se diseña y redacta desde un despacho externo: externo al Consejo de Gobierno cuando había pacto, externo a los partidos que lo formaban y externo a los grupos con representación en el Parlamento. Externo, incluso, a la Consejería de Política Territorial.
La CC de Clavijo no ha tenido vocación de consenso ni con sus compañeros de partido ni con sus socios de pacto. Por eso no enseñó el proyecto de ley hasta que lo tuvo armado. Cuando llegó por primera vez al Consejo de Gobierno lo hizo como quien está obligado a pasar un trámite sin importancia (es significativo que la única copia que se entregó a su socio de gobierno, el PSOE, iba con las hojas marcadas para impedir, piensa el ladrón que todos son de su condición, que se fotocopiara y viera la luz pública). Pero se encontró con un PSOE que se plantó y dijo no.
De ese plante, que se produce tras mirar por encima el documento y detectar que la Cotmac había pasado a mejor vida, la CC de Clavijo reacciona e introduce un órgano similar en atribuciones de control sobre la ordenación del territorio pero con otro nombre (para salvar su mensaje simple de la Cotmac es mala). Mantener un órgano con esas atribuciones fue uno de los puntos firmados para revalidar el pacto tras la primera crisis de gobierno. Una vez roto definitivamente el pacto, los exsocios dejaron el nombre del órgano y lo vaciaron de poder. Es decir, continuaron su camino ideológico hacia la insularización de Canarias y la venta rápida de sus recursos para beneficio exclusivo de las cifras macroeconómicas (como hizo el PP de Aznar con la privatización de empresas públicas).
Sin el PSOE en el Gobierno y con una CC atada en corto, el proyecto de ley llegó al Parlamento. La agenda de la ponencia también dejó clara la intención de Clavijo: pasar otro trámite rápido e ir a la votación donde esperaban los diputados? que nutrirán una nueva mayoría de gobierno.
El esfuerzo del Grupo Socialista para alcanzar acuerdos y mejorar el documento le llevó a apoyar 365 artículos de las 408 que tiene. Todo esto en las 42 horas, repartidas en sesiones de tres horas, en las que los portavoces en la ponencia pudimos debatir. Nunca sabremos cuántos votos hubiera obtenido una Ley del Suelo debatida con la profundidad y serenidad que merece esta materia, ni si el Gobierno Clavijo habría podido mantener por más tiempo el abandono de sus competencias en la ordenación homogénea del territorio de Canarias (como finalmente ha sido por la desaparición de la Cotmac).
Lo cierto es que Clavijo lo ha conseguido. Ha conseguido que una mayoría de ciudadanos rechazara la Ley del Suelo aprobada por otra mayoría, pero de diputados. Ha conseguido huir del consenso democrático y seguir despiezando Canarias. Porque los 33 diputados de CC, PP y ASG que apoyaron el texto suman 342.198 votantes, mientras que los 27 diputados de PSOE, Podemos y NC que lo rechazaron representan a 408.684 ciudadanos? Pero eso tiene que ver con la ley electoral que sigue sin reformarse.
Nayra Alemán. Diputada del PSOE en el Parlamento canario
