P oco a poco, casi con fórceps, nos enteramos por la consejera de Sostenibilidad de cuál es el delicado nivel de sostenibilidad de las Islas Canarias. La representante del negociado de vertidos o aguas sucias, Nieves Lady Barreto, compareció ayer en el Parlamento para dar a conocer el censo de este gran pozo negro: en fin, 355 supuraciones, de las que 101 están autorizadas y 246 no lo están, o sea el 69% escupe por sus fauces sustancias y detritus -toda la gama que usted quiera- sin depurar, contaminantes. Vistas las cifras, ahora sólo nos falta que nos informen de en qué lugares se encuentran estos emisarios clandestinos, y que nos señalen en soporte digital a través de unos iconos de la peligrosidad de cada uno de ellos. No quiero crear alarma, pero debería ser de transparencia saber qué sale por esos tubos y en qué lugares de la costa. Más allá del relevante aspecto de la protección sanitaria, nos incumbe conocer qué impide la aplicación de medidas coercitivas para el equilibrio ambiental, quiénes son los que se resisten a depurar sus aguas negras, cuánto tiempo llevan haciéndolo, qué burocracia frena una actuación veloz y tajante. La cuantificación de los vertidos en Canarias (da igual que sea en una isla que en otra), deja entrever el esqueleto de la cuestión: lo siguiente es cómo nos dedicamos a aprobar zonas de reservas marinas, a tramitarlas, a ensalzarlas, y luego nos ponemos indolentes a la hora de desmantelar la telaraña de los vertidos. Seguro que hay funcionarios, altos y bajos, e incluso hasta algún comisionado, que tiró la toalla por la sospechosa lentitud de los expedientes de vertidos. Clavijo ha dicho que a la vista de la pestilencia recupera la figura del alto responsable para el cambio climático en Canarias. Estupendo. A ver si no muere o se calcina en el intento de poner orden y concierto en la fantasía de la sostenibilidad en las Islas Canarias.
