Desde hace un par de años, la Generalidad de Cataluña ha estado dirigida por un puñado de aventureros sin escrúpulos ni respeto alguno por la verdad: histórica, cultural, social, económica y política. Actuando como revolucionarios profesionales, los nacional-populistas han combatido denodadamente la palmaria realidad de la España una y plural y de la propia intradiversidad catalana con las armas del voluntarismo más soez y del desprecio más absoluto hacia las reglas del juego constitucional. Para estos supremacistas -de derechas o de izquierdas, tanto da-, frente a la Constitución española se alza un "Derecho" más alto y verdadero: el del pueblo catalán a la autodeterminación.
Tras las elecciones fallidamente "plebiscitarias" de 2015, los secesionistas lograron la mayoría de los escaños en el Parlamento, pero no la mayoría de sufragios en el electorado de la comunidad autónoma. Pese a ello, sin arredrarse lo más mínimo ante semejante fracaso y, por el contrario, lanzados a tumba abierta, los partidarios de la separación: 1) se desentendieron por completo de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que desobedecieron abiertamente; 2) aprobaron una ley del referéndum de autodeterminación no ya sin competencia al respecto, sino claramente rupturista e insurreccional; 3) adoptaron una Constitución provisional: la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana; 4) convocaron un referéndum ilegal y celebrado sin las más mínimas garantías jurídicas y democráticas, con un previsible resultado porcentual afirmativo que podría dar lecciones a Franco; 5) finalmente, proclamaron la independencia en una Asamblea semivacía y mediante voto secreto: ante una escena tan falta de épica, sólo un idiota podría emocionarse. ¡No se independiza un país disfrazándose de esquina, como Mortadelo!
En las últimas semanas del proceso secesionista, las empresas empezaron a trasladar su sede social y hasta su domicilio fiscal fuera de Cataluña. Cabe preguntarse si sus propietarios o gestores despertaron de repente de una plácida ensoñación o si hasta entonces ignoraron que el lobo nacionalista no era, pese a las apariencias, la abuela de Caperucita. Bueno, los bancos, usualmente tan avispados, sólo advirtieron la gravedad de la situación cuando los depositantes se presentaron en masa a retirar su dinero. Otros empresarios cayeron de pronto en la cuenta de que su clientela se encontraba mayoritariamente en el resto de España. Otros, en fin, se tomaron al cabo en serio la pretendida salida de Cataluña del Estado español y, por tanto, de la Unión Europea, lo que auguraba un cataclismo económico. Hoy la desbandada de las empresas se cuenta ya por miles de sociedades, incluidas aquellas, numerosísimas, que debieran haberse comportado como estómagos agradecidos a las subvenciones y contratos del "Govern". ¡La República del Tres por Ciento conducía al desastre!
También despertó de su sopor de hipopotámido el Gobierno de la nación, que con la autorización del Senado puso en marcha el mecanismo ortopédico-rectificador del ya famoso artículo 155 de la Constitución y resolvió cesar al Ejecutivo autonómico, disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones para el 21 de diciembre. La entrada en prisión de los "Jordis", líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Ómnium Cultural (entidades del muy eficaz "agit-prop" nacionalista), y de los consejeros del "Govern" no huidos al extranjero con Puigdemont ha provocado una conmoción enorme. Por supuesto, en los partidos independentistas, que acusan al Estado de "venganza" y a los órganos judiciales de "politización". Se ve que la tentativa de secesión no ha de merecer reproche penal en un Estado democrático y que las autoridades separatistas han de gozar de inmunidad judicial. También se han rasgado las vestiduras Ada Colau (más nacionalista que luchadora social, como toda la izquierda catalana) y Pablo Iglesias, que lamenta en España lo que no censura en Venezuela. ¡Hasta el PSC, un partido de consistencia pantanosa, se queja de "desproporción"!
¿Qué va a ocurrir ahora? Como consecuencia de las decisiones judiciales ya adoptadas y de las que se adopten sucesivamente sin consideración alguna al calendario político, ¿serán las elecciones autonómicas del 21-D nuevamente unas elecciones plebiscitarias, como sugiere un reputado periodista de "La Vanguardia", siempre partidario del principio de legalidad en su modalidad de ley del embudo? ¡Hay tantos devotos del "embudismo" en Cataluña!
Yo creo que los electores catalanes tienen que darse cuenta de la gravedad de la situación actual y de las negrísimas perspectivas de futuro que conlleva el regreso al poder del independentismo: una fractura social que puede concluir en enfrentamiento civil y una destrucción del tejido económico que únicamente ha de generar horrorosos niveles de desempleo.
No se preocupen, pues, de Junqueras y Puigdemont. En la cárcel pueden escribir conjuntamente una nueva versión de Mi lucha. Y hacerse de oro.
