La confederación española Ecologistas en Acción, en la que se integra Ben Magec Canarias, denuncia que España es el país industrializado que "más se aleja" de los objetivos del Protocolo de Kioto, ya que el reparto interno de la Unión Europea (UE) sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta 2020, permite "que España continúe aumentando su grado de contaminación". En estos momentos, el objetivo establecido es "de un 15 por ciento", pero en 2008, "ya alcanzó un 46, lo que multiplica por dos los objetivos de Kioto".
Tom Kucharz, miembro de la confederación a nivel nacional, explicó en una rueda de prensa celebrada en la capital grancanaria, que este aumento de España no se corresponde con la obligación de los países del entorno de "reducir sus emisiones, y en consecuencia, de transformar sus sociedades hacia modelos menos dependientes del carbono". De hecho, Suecia, Inglaterra y Francia ya cumplen el Protocolo de Kioto y Alemania "está a punto".
La propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentada por el Gobierno español ante el Congreso, "demuestra que no existe una voluntad política para reducir la emisión de gases efecto invernadero", según Kucharz, "que está provocando el cambio climático en muchas comunidades del sur del planeta". De hecho, el dirigente ecologista recordó que la ministra de Economía, Elena Salgado, dijo durante su exposición de las cuentas nacionales ante el Parlamento "que el Gobierno de España quiere que aumenten". Según las cuentas presentadas, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se reduce en un 3,32 por ciento, mientras que el de Fomento, se incrementa en un 0,3 por ciento.
El "Gobierno de Zapatero apuesta por aumentar el número de carreteras, trenes de alta velocidad, fomentar el carbón e incrementar la inversión destinada a la internacionalización de las empresas españolas ". Con esta política "se aumenta el dinero público destinado a mejorar el impacto de nuestra economía en los países del Sur, lo que provocará un incremento de nuestra deuda ecológica", aseguró Tom Kucharz.
Todo ello sitúa a España en un escenario "insostenible e ilegal", y obliga la creación de un Tribunal Internacional que juzgue este tipo de acciones "como crímenes de lesa humanidad".
TRIBUNAL DE JUSTICIA CLIMÁTICA. Este Tribunal estaría integrado en la ONU (Organización de Naciones Unidas) y juzgaría a todos aquellos países que "conscientemente el cambio climático". A día de hoy este es un planteamiento de organizaciones ecologistas a nivel internacional, que ya fue expuesto a principios de este año en un encuentro internacional celebrado en Brasil y se recordado en otro celebrado hace unos días en Bolivia.
En el marco de este segundo encuentro, los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), como Bolivia y Venezuela, se comprometieron a exponer ante la ONU la necesidad de crear este organismo. Como primer objetivo estaría la obligatoriedad de la UE de reconocer "su deuda climática con el planeta desde los inicios de la Revolución Industrial (1750) o hace 50 años".
En segundo lugar, Kucharz expuso que los asistentes al encuentro de Bolivia concluyeron que es imprescindible que "el Norte costee los efectos del cambio climático en el Sur". "No es admisible", señaló, "que los países con menos capacidad inversora deban afrontar las consecuencias para sus comunidades de la emisión de estos gases". Como ejemplo, expuso el caso de una comunidad indígena de la sierra boliviana "que antes de 10 años tendrán que abandonar su aldea", porque "la emisión de gases está provocando el deshielo de los glaciares que les proporcionan agua potable".
La propuesta de creación de este Tribunal se fundamenta en los tribunales internacionales de opinión creados a raíz de la Guerra de Vietnam o la Dictadura de Argentina, para juzgar "moralmente" a los autores de los crímenes cometidos. Sin embargo, una vez consolidado este nuevo tribunal el seno de la ONU, la federación ecologista "presentará una querella criminal contra el Gobierno español por su incumplimiento del Protocolo de Kioto".
