Canarias acatará finalmente el decreto del Gobierno de España por el que a partir del 1 de septiembre los inmigrantes irregulares dejarán de recibir asistencia sanitaria. La comunidad autónoma había mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo a esta medida que acabará aplicando, aun-que con algunas excepciones, entre las que se encuentran los ca-sos de los extranjeros que actualmente estén siendo tratados por alguna patología.
Fuentes de la Consejería de Sanidad confirmaron ayer que los inmigrantes que tengan procesos abiertos en sus historias clínicas seguirán recibiendo tratamiento hasta que se les dé el alta, como adelantó hace unos días la consejera Brígida Mendoza. Además, se dará cobertura a todas las enfermedades vinculadas al área de Salud Pública, como es el caso de las enfermedades infecto-contagiosas. Lo que no explica Sanidad es cómo financiará la atención a los inmigrantes en estos supuestos, una vez que el Gobierno de España corte el grifo.
Canarias (CC y PSOE) era una de las cinco comunidades autó-nomas que se habían opuesto públicamente a la medida del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), junto a Andalucía, Asturias y País Vasco (donde gobierna el PSOE) y Cataluña (CiU). Estas cuatro regiones han garantizado hasta el momento que su servicio de salud seguirá siendo universal, aunque tampoco concretan cómo lo van a llevar a cabo. Una postura de la que se ha descolgado finalmente Canarias.
Por su parte, Navarra (UPN) ha optado por acatar la norma pero habilitará ayudas que cubran el coste de la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla. El Gobierno foral estima necesario el desembolso de unos 1,68 millones de euros para compensar el pago por atender a los 2.150 inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años que se calcula residen en Navarra y que no podrían pagar las tasas requeridas para ello.
Ante la negativa de las comu- nidades a acatar la medida, el vi-cesecretario general de organización y electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, tachó de "irresponsable" la actitud de estas comunidades autónomas. Flo- riano dijo no entender cómo es-tas regiones no tienen dinero "para ancianos y discapacitados", pero sí para los que "no son na- cionales" .
Mientras el Gobierno de Canarias, aunque acata la normativa del Gobierno central, insiste en mostrar su desacuerdo con ella por "múltiples razones". En primer lugar, indica que el real decreto "deja sin asistencia sanitaria a una población que, en algunos casos, lleva tiempo viviendo en nuestras islas y que hasta ahora tenía derecho a la asistencia por el hecho de estar empadronados".
Gasto sanitario
Asimismo, Sanidad niega que el gasto sanitario se solucione "dejando fuera a un uno por ciento de la población". Tal como recoge el decreto, en todo el país la asistencia a inmigrantes sin papeles se reducirá cuando finalice este mes a la prestación a menores de 18 años, mujeres embarazadas y a los servicios de Urgencias. Una solución que los médicos han criticado duramente porque consideran que colapsará el ya de por sí masificado servicio de Urgencias de los hospitales públicos y que además resulta más caro para el sistema que la asistencia en los centros de salud.
En total, se calcula que a partir de septiembre unos 150.000 in-migrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo desaparecerán de los archivos, por lo que no podrán ser atendidos como hasta ahora. Se trata de una de las medidas más polémicas del Gobierno de Ma-riano Rajoy en la línea de su política de recorte de gastos para reducir el déficit.
El Gobierno de España ha ido detallando poco a poco cómo se aplicará la medida. A comienzos de agosto se comunicó que para los inmigrantes irregulares sin especiales problemas de salud se ha ideado un mecanismo que consiste en obligar a los extranjeros a contratar una especie de seguro médico con las comunidades autónomas, con un coste de 700 euros al año por persona.
