El anuncio del Gobierno de devolver a los inmigrantes irregulares el derecho a la atención primaria fue celebrado ayer por los médicos y acogido con cautela por la oposición y organizaciones sociales, que creen que esta medida se queda corta pues no recupera el carácter universal de la Sanidad Pública.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso indicó que los inmigrantes en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012.
Hasta ahora, los inmigrantes en situación irregular podían ser atendidos en urgencias, durante el embarazo, el parto, el postparto, y todos los menores de edad tenían garantizada la asistencia sanitaria.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó la medida anunciada por Sanidad porque "parece más sensato y razonable" que la atención a estas personas se haga a través de los ambulatorios, para que no se colapsen las urgencias. Y el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, avanzó que el Gobierno acordará con las CC AA la creación de un programa de asistencia sanitaria a los inmigrantes que cumplan una serie de requisitos -como un tiempo mínimo de empadronamiento- y que incluirá, entre otras garantías, la asignación de un médico de atención primaria.
Los inmigrantes irregulares tendrán acceso a diagnósticos en materia de prevención y a tratamientos básicos dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero no tendrán derecho a la asistencia sanitaria fuera de su comunidad.
La Organización Médica Colegial (OMC) celebro este anuncio que rectifica una medida -la de la reforma sanitaria con el Real Decreto 16/2012- que había sido rechazada por los médicos. "Desde el primer momento pedimos reiteradamente que se devolviera la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular", recordó ayer la organización.
También la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que forma parte de la Coalición por el Derecho a la Salud, se sumó ayer a la petición de que restituya el carácter universal de la sanidad.
También UGT, CC OO y CSI-F valroaron la medida como "insuficiente" y afirmaron que van a seguir trabajando hasta que se les devuelva la tarjeta sanitaria y la sanidad sea "universal".
Por su parte, el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos,consideró que el anuncio es una "rectificación insuficiente" y una medida "electoral". Y argumentó que la insuficiencia de la medida se debe a que "muchas personas que tienen enfermedades crónicas necesitan de la atención en los hospitales".
Pese a la reforma sanitaria de 2012, la mayor parte de las comunidades autónomas encontró resquicios para mantener la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Ocho autonomías (Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco) ampliaron el acceso fijado por el Gobierno a través de la creación de "programas complementarios".
Este año, en general, incluso en las regiones que mejor "cumplen" la asistencia a los 'sin papeles', ha habido "casos de trabas", según valoró ayer la presidenta de la organización no gubernamental Médicos del Mundo, Sagrario Martín.
Además, cinco (Madrid, Murcia, Castilla y León, Baleares y La Rioja) hacían algunas excepciones ante enfermedades crónicas, mentales o riesgo para la salud pública, y solo Castilla-La Mancha aplicaba el decreto sin ampliar el acceso al Sistema Público de Salud.
El estudio no incluye Navarra porque el marco normativo en esa comunidad es impreciso. Martín adelantó que, a falta de completar un nuevo informe, "no hay grandes cambios" respecto al anterior. Los obstáculos para el acceso a la atención primaria también han afectado a personas que el real decreto incluía, por lo que "no solo se incumple el derecho a la salud, sino el propio real decreto".
