Las dos universidades públicas canarias están obligadas a elaborar este año un plan de supresión de aquellos títulos que no tengan demanda suficiente para lograr un plan de financiación estable con el Gobierno de Canarias. Esta es una de las exigencias que plantea el Gobierno de Canarias y así lo recoge el documento con la propuesta de acuerdo que la Consejería de Educación y Universidades ha hecho llegar a las dos instituciones públicas de educación superior del Archipiélago.
El documento que trata de sentar las bases de la financiación de la educación pública superior en Canarias recoge también la necesidad de acometer la redistribución de las plantillas en función de esa estructura y teniendo en cuenta las jubilaciones del personal. Ya la semana pasada, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la responsable de la Consejería, Soledad Monzón, junto a los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón, y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rafael Robaina, anunciaron la puesta en marcha del acuerdo, que implica a priori un aumento de 4,3 millones en el presupuesto.
La intención de la Administración educativa es seguir elevando la financiación a la educación superior en torno al 2%, siempre que haya disponibilidad presupuestarias en las arcas de la Comunidad Autonóma y en función del cumplimiento de los requisitos acordados entre ambas partes. Por el momento, son cuatro los compromisos adquiridos: la elaboración de un estudio de la demanda de las titulaciones, la racionalización de las plantillas, la mejora del rendimiento académico y también la mejora de la transferencia del conocimiento y la productividad.
Según confirmaron tanto Soledad Monzón como los rectores Martinón y Robaina, todos estos compromisos ya están en marcha, con lo que se entiende que los dos centros de educación superior están trabajando en los aspectos concretos que propone la Administración.
El primero de ellos se encuentra en las fases iniciales: la evaluación de las titulaciones en función de la demanda. Según se recoge en la propuesta, la ULL y la ULPGC deben tener el próximo mes de septiembre las conclusiones de la evaluación realizada a las titulaciones con "la estimación de la demanda futura", agrupando los títulos en torno a tres características: demanda suficiente, próxima al mínimo exigible y alejada del mínimo.
En función de este informe, la ULL y la ULPGC deben concluir durante el primer trimestre del próximo curso 2017/18 "un plan de supresión de los títulos cuya demanda no cubra el mínimo exigible", con la idea de que en marzo del próximo año puedan aprobarse los correspondientes planes de extinción de los títulos afectados. Según la propuesta de la Administración educativa, el objetivo es que la eliminación se inicie el próximo curso académico 2018/19 y concluya en 2020/21.
Este documento, además, se complementará con un plan plurianual de racionalización de las plantillas, una cuestión que ha despertado los recelos de los representantes del personal, que temen que lleve aparejada la reducción de los profesionales. Como ya hicieran los rectores de la ULL y la ULPGC la pasada semana, también el director general de Universidades, Ciro Gutiérrez, rechazó que se vaya a despedir a profesorado.
Preocupación
"No se trata de recortes ni de despidos", asevera Gutiérrez, quien añade que "en los próximos diez años, las universidades se enfrentarán a un proceso de jubilación de su personal que tiene que estar planificado y es en ese aspecto donde se está trabajando para elaborar el plan de racionalización". Según la propuesta de Educación, se trata de "permitir un reajuste efectivo de la plantilla, adecuando su número y distribución por áreas de enseñanzas", un texto que además debe incluir la estimación cuantificada de los efectivos a jubilarse cada año por área, así como "los procesos de consolidación, amortización o reasignación de puestos de trabajo".
En el documento remitido a las dos universidades se indica que el plan debe estar aprobado en todos sus términos en marzo de 2018, con la intención de empezar su aplicación a partir de septiembre del mismo año. Al respecto, ya el rector de la ULPGC insistió durante la pasada semana en la necesidad de "sentarse a hablar" las dos universidades del Archipiélago y el Gobierno canario para abordar precisamente la jubilación de las plantillas, ya que tanto Robaina como su homólogo en la ULL consideran "fundamental" que se aborde con antelación la renovación del profesorado.
De forma paralela, las dos universidades trabajan para tener preparado el próximo mes de septiembre "un plan abierto" a impartir el próximo curso que incluya medidas encaminadas a mejorar los resultados académicos, así como ofrecer alternativas al abandono temprano de los estudios y promover el dominio de lenguas extranjeras.
Por último, el cuarto de los compromisos tiene como horizonte temporal el próximo diciembre, fecha en la que los dos centros han de presentar un diagnóstico de las necesidades de formación continua e innovación de profesionales "en el ámbito de influencia de las universidades".
