Una inspección laboral coincidiendo con la celebración de una fiesta en Casa Teo de Arucas, donde falleció Fran, un joven de 31 años del barrio capitalino de La Feria en el mes de marzo, detecta la presencia de 25 empleados sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Además, se detuvo a un asistente por llevar distintas sustancias estupefacientes.

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Arucas y de Santa María de Guía, y Seprona de Guía, en compañía de agentes de la Policía Local de Arucas, acompañaron a cuatro técnicos de Trabajo que realizaron una inspección en el interior del local conocido como Casa Teo, sito en Camino del Guincho de Arucas, mientras se celebraba una fiesta para determinar e identificar a personas que pudieran estar realizando en el establecimiento una actividad laboral sin contrato, siguiendo un auto dictado por el Juzgado de Lo Social Número 5. Fruto de la visita, los funcionarios de Inspección de Trabajo redactaron 25 actas por prestar una actividad laboral sin estar dados de alta, ni tener un seguro que les cubra.

Durante la visita se detuvo también a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública por la venta de pastillas de color rojo y azul, y con la inscripción 100.

Además, los agentes recogieron del suelo varias dosis de sustancias estupefacientes, supuestamente cocaína y hachís, ignorando la persona que los portaba, al desprenderse de ellas sin que se percataran los policías.

Como se recordará, el Ayuntamiento de Arucas ha sancionado y precintado en distintas ocasiones Casa Teo en los dos últimos años por carecer de licencia para la organización de fiestas, en cuyo chalé falleció en marzo un vecino del barrio capitalino de La Feria, de 31 años, que se precipitó cuatro metros al ceder un techo cuando disfrutaba de una despedida de soltero con amigos.

El propietario alegó que no celebra fiestas, sino que se limita al alquiler del chalé a los organizadores de los actos privados.

El Ayuntamiento ha venido denunciando una posible reiteración de actos de desobediencia civil al Ministerio Fiscal, además de a la propia Guardia Civil, fijando multas de entre 20.000 y 30.000 euros. Y tras el accidente se volvió a lleva al pleno un nuevo expediente contra el establecimiento, mientras la autoridad judicial también ha continuado con su proceso de investigación.