La Guardia Civil de la Sección del Puerto de La Luz procedió entre los días 23 y 24 de mayo a la investigación de seis personas, relacionadas con cinco empresas, por ser los supuestos coautores de un delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas.
La alteración se hizo sobre la puja pública realizada el pasado 4 de diciembre de 2015 de un barco por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, según informó ayer en una nota la Comandancia de Las Palmas de la Benemérita.
A consecuencia de otra investigación por el robo de material metálico y piezas mecánicas en la embarcación Cibeles, los agentes comprobaron como dichos objetos fueron empleados para la restauración de otra embarcación del puerto, concretamente para el que había sido subastado meses antes. Dicha operación levantó las sospechas, por lo que se controló a varias empresas que estaban relacionadas con las dos embarcaciones y la subasta. La guardia civil descubrió a posteriori el entramado para amañar la citada puja.
Así, de los datos recogidos de la subasta pública, los agentes comprobaron como una empresa de las que participaron, entre los cinco que intervinieron -dos de ellas empresas involucradas en la trama y tres particulares que resultaron perjudicados por el amaño-, había ofertado la cantidad de 62.405 euros por la embarcación y ganó.
Esta cantidad, tan elevada en este tipo de subastas, levantó las sospechas, máxime teniendo en cuenta el estado de deterioro del barco y la diferencia tan grande con la cantidad de salida en la puja, en 15.000 euros.
Además, se constató que, transcurridos cinco días desde el acto de la subasta pública, la empresa en cuestión que ganó la puja renunció a la adjudicación de la embarcación, la cual se otorgó a la siguiente empresa -presuntamente compinchada- que ofertó la cantidad de 42.336 euros, y logró así la devaluación de 20.069 euros en la subasta.
Transparencia
Los agentes constataron como ese acuerdo ilegal perjudicaba las expectativas de los otros intervinientes en la puja que, con la debida transparencia que deben imperar en esos actos, intentaron adquirir la embarcación.
Los funcionarios recopilaron más indicios que implicaban un acuerdo ilegal de cinco empresas, con el presunto objetivo final de asegurar la compra de la embarcación; comprobándose además como la segunda empresa, que consiguió el citado barco, finalmente lo vendió por 47.974,52 euros a una tercera empresa -también implicada en los hechos, según la información de la Guardia Civil- a un precio muy inferior al pujado inicialmente días antes de que fuese adjudicado.
