El Ayuntamiento de Telde pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal el extravío de 39 expedientes de Urbanismo para que determine si estas desapariciones pueden ser constitutivas de algún tipo de delito tipificado en el Código Penal.
Así lo anunció ayer Juan Francisco Artiles, concejal del área de Urbanismo, tras la reunión a primera hora de la mañana en las Casas Consistoriales de la Junta de Gobierno Local, que aprobó a su vez ocho licencias de obra menor y otras dos de obra mayor.
El edil de Más por Telde explicó que tras asumir el cargo y comenzar un proceso de reorganización del departamento, el jefe del servicio le comunicó la ausencia de determinados expedientes administrativos, que podrían haber sido supuestamente sustraídos ya que no constan en su lugar.
"El concejal anterior, Pablo Rodríguez, hizo declaraciones en este sentido apuntando a la desaparición de más de un centenar de estos documentos", explicó Artiles, "pero no se tomaron las acciones pertinentes" como sí se hizo con la presunta falsificación del título de Joan Perdomo, añadió. Carmen Hernández, alcaldesa del municipio, se preguntó en este sentido por qué el anterior Gobierno, consciente de esta irregularidad, no informó a las autoridades competentes.
Artiles expuso a los medios de comunicación que una vez tuvo conocimiento de esta situación anómala pidió al jefe del servicio que elaborase un listado minucioso de los expedientes que se echaban en falta. De este modo se pudo comprobar, esgrimió, que no se encontraban en los archivos de la concejalía de Urbanismo 15 expedientes de expropiaciones, uno de patrimonio municipal relativo a la enajenación de la parcela P-1 en La Mareta y seis de planeamiento entre los que se encuentra una corrección de errores del Plan General de Telde. Tampoco estaban en los archivos municipales seis expedientes referentes a licencias de los que dos hacen referencia a dos establecimientos de la cadena de supermercados Mercadona, otros seis pertenecientes a actividades clasificadas y cinco a disciplina urbanística como el documento relativo a unas obras en la zona industrial de Jinámar.
Ante este panorama, Artiles decidió abordar por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local este asunto para acordar ponerlo en conocimiento de la Fiscalía a pesar de que pudiera traer consigo consecuencias para el Ayuntamiento. "No se trata de levantar alfombras, pero tampoco tropezar con lo que hay debajo", explicó.
Asimismo, expuso que existían varios expedientes incompletos que han podido ser reconstruidos gracias a la labor de los técnicos de la concejalía. Al mismo tiempo aclaró que es imposible determinar si los documentos de disciplina urbanística en paradero desconocido recogían alguna sanción, quedaron abiertos o ya estaban concluidos precisamente por la imposibilidad de encontrarlos.
Cambio de cerraduras
El concejal de Urbanismo Juan Francisco Artiles informó del cambio de cerradura de los archivos de esta área, que son varios y se encuentran bajo llave, y de la predisposición a colaborar tanto de los empleados como del jefe del servicio en mantenerlos controlados. "La corrupción existe por la impunidad total y ningún cargo público debe sentirse impune", subrayó. En este sentido aseguró que "ningún funcionario debe tener la tentación de sacar el expediente de un color y devolverlo de otro".
De hecho, en la propuesta presentada ante la Junta se recoge que los expedientes administrativos deben ser custodiados en los servicios municipales "sin que su original pueda salir de dichas dependencias salvo causa de fuerza mayor o por decisión judicial". Además, el jefe del servicio tendrá que conceder permiso previo para que los documentos puedan ser sacado de las oficinas de Urbanismo, situadas frente a la basílica de San Juan muy cerca del Ayuntamiento.
La alcaldesa del municipio insistió, por su parte, en que "es fundamental que los expedientes no se puedan alterar" e hizo hincapié, a su vez, en que el actual pacto de gobierno no ignora la realidad, sino que "está para corregirla".
Por ello Hernández destacó la necesidad de reforzar la seguridad de las instalaciones con sistemas ya activados en otras administraciones ya que se trata de un camino más para evitar que se repitan este tipo de situaciones.
La Corporación teldense persigue con este tipo de acciones que los vecinos conozcan la realidad del ayuntamiento y que los inversores vuelvan a recuperar la confianza en el municipio, de tal forma que este cambio de actitud contribuya a la recuperación económica de la ciudad, a una mayor seguridad jurídica y a un cambio significativo de su imagen política, dejando atrás la anterior etapa.
