Visocan, la empresa pública de construcción de viviendas sociales del Gobierno de Canarias, ejecutará la rehabilitación de las 130 pisos de la urbanización de El Caracol, una vieja demanda de los residentes en este barrio teldense que se ha concretado después de la reunión mantenida con el director-gerente de la sociedad pública con la nueva junta directiva, presidida por María Isabel Fernández.
"Nos reunimos el pasado jueves con el director-gerente de Visocan y tenemos que decir que estamos muy satisfechos del resultado, ya que nos hemos encontrado con una actitud muy receptiva hacia nuestras propuestas, aunque hay algunos flecos que tendremos que discutir en próximos encuentros", apunta Fernández, quien, sin embargo, expresa sus críticas hacia el abogado de la empresa pública, "que siempre nos dice no a todo lo que le proponemos, algo que nos parece inaceptable".
La presidenta vecinal señala que el director-gerente de Visocan, Víctor Nicolás González García, anunció que la sociedad que dirige tiene previstos varios planes de rehabilitación, entre ellos el de las viviendas sociales de El Caracol, unos trabajos que se iniciarán una vez se mantenga una reunión con el director de obras en septiembre.
"Nosotros estamos satisfechos con lo que nos ha dicho el representante de Visocan, quien nos ha parecido una persona responsable y comprometida con las peticiones que le hemos hecho y esperaremos al próximo mes para ver cómo se desarrollan las cosas", resalta María Isabel Fernández. Una actitud que, además, servirá para acercar posturas en otros asuntos donde no hay tanto consenso y que podrían dirimirse en los tribunales si no se llega a un acuerdo. No obstante, Fernández quita hierro a esta circunstancia y considera que forma parte de las negociaciones, "ya que lo importante es que hemos logrado que exista un canal directo entre Visocan y nosotros".
De hecho, según la presidenta vecinal, "desde Visocan se nos ha pedido colaboración para solucionar el problema de los residentes que no pagan el alquiler o la comunidad. Les hemos dicho que si se trata de personas que no pagan porque no quieren no les vamos a apoyar, pero sí a quienes no pueden hacerlo porque sus circunstancias laborales y económicas han cambiado y no les permiten asumir ahora ese desembolso".
No están tanto de acuerdo la empresa pública y la junta directiva en otros aspectos de la situación de las 130 viviendas sociales. Así, como expresa María Isabel Fernández, "tendremos que hablar sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas, ya que la mayoría de los bloques tienen problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad de movilidad reducida y queremos que se termine con este problema". Así, por ejemplo, el local donde se reúne la junta directiva no tiene las condiciones adecuadas para que puedan acceder al recinto los vecinos con dificultades de movilidad, algo que Fernández considera que no se debe permitir más.
Asimismo, otra reivindicación, ésta más compleja de resolver, es la discusión sobre quién debe hacerse cargo del recibo mensual de las bombas del servicio contraincendios de los edificios. Según los residentes en las viviendas sociales, este servicio debe abonarlo Visocan y no los vecinos como hasta ahora, ya que no se trata, alegan, de unos dispositivos que consuman, salvo si se produce un fuego.
No obstante, lo que sí parece que acabará en el juzgado será la querella que tramita la nueva junta directiva contra sus antecesores, al considerar que ha existido una presunta apropiación indebida de más de 20.000 euros. "Esta denuncia seguirá su curso a partir de septiembre, ya que la gestión de la anterior junta directiva ha perjudicado a los vecinos", alega Fernández.
