La polémica por la detención del empresario Santiago Santana Cazorla en 2007, cuando estaba siendo investigado en el seno de la 'operación Góndola', sigue siendo objeto de una dura disputa entre el Partido Popular (PP), que considera que aquella detención fue "ilegal" y una operación política dirigida por el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y los socialistas, que defienden en todo momento la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en ese momento.

Las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno, Carolina Darias, y del propio López Aguilar, que acusó al líder del PP canario, José Manuel Soria, de ser un "farsante" al estar cuestionando el Estado de Derecho para ocultar que está imputado en el 'caso salmón', han tenido su correspondiente respuestas desde las filas conservadoras.

Así, el diputado regional Miguel Cabrera Pérez-Camacho afirma que el hecho de que la delegada dijera que el empresario "estaba cometiendo un delito", motivo por el que la Policía no iba a "esperar a una orden judicial para detenerlo", supone, "a parte de una temeridad, una mentira, una calumnia y una falsedad contra Santana Cazorla ya que como se demostró posteriormente no llevaba en la maleta dinero ni nada de lo que pensaban obtener los policías que lo detuvieron".

En parecidos términos se pronunció su compañera de partido, Águeda Montelongo, quien calificó de "gravísimas" las declaraciones de Darias al demostrar que "utiliza el aparato del Estado, las herramientas del Estado, las instituciones del Estado, en este caso la Delegación del Gobierno, para arremeter contra el PP".

Montelongo insiste en que "desde el año 2004 el PP tenía muy claro que el PSOE, con López Aguilar a la cabeza, montó una operación que consistía en hundir al PP, sobre todo, en la isla de Gran Canaria porque era donde nunca podía ganarle".

Por su parte, Pérez-Camacho cree que la detención del empresario "fue más propia de los métodos de la Gestapo que de un Estado de Derecho" y expresó su deseo de que Darias "no tarde mucho en pedirle disculpas", toda vez que el propio López Aguilar reconoció "que siendo ministro de Justicia, sin competencias en el Ministerio del Interior, sostuvo reuniones con el comisario jefe de la Policía Canarias, Narciso Ortega".

Por ello, opinó que el máximo dirigente de los socialistas canarios "está tardando en dar una explicación porque esas reuniones también son mas propias de cualquier régimen del tercer mundo o de democracia prostituida que de un Estado de Derecho".

Al respecto, Montelongo insiste en que el PP exige "saber de qué hablaba el señor López Aguilar con el jefe de la Policía, y si no era él el que hablaba y era la señora Carolina Darias, quién daba las instrucciones al jefe de la Policía".

Además, la diputada afirmó que su partido no descansará "hasta tirar abajo esta ingeniería social y moral que el PSOE ha montado en torno a Canarias", porque los máximos dirigentes del PSC están intentando dar lecciones cuando "no tienen ni talla moral ni política para darlas".