El vicepresidente y el secretario de la Comisión de Control del ente público RTVC, Sigfrid Soria del Castillo (PP) y Francisco Acosta (CC), respectivamente, han admitido que el director general de la Televisión Canaria, Willy García, entorpece la labor de control político de la oposición al "apreciarse el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación de facilitar la información interesada" por la diputada socialista Gloria Gutiérrez.

De esta manera, nacionalistas y conservadores dan la razón, según consta en el acuerdo adoptado el pasado lunes por la mesa de esa comisión, a las reiteradas críticas vertidas por Gutiérrez y que motivaron que la diputada del PSC interpusiera el pasado mes de septiembre una solicitud de amparo contra el hecho de que García se negara de forma reiterada a remitir la documentación solicitada por la oposición.

En concreto, Gutiérrez incidía en que el director general no ha remitido el porcentaje semestral de horas destinadas a los grupos políticos y sociales significativos y tampoco ha enviado al Parlamento el estudio de la consultoría externa en la que se basó la reestructuración de RTVC ni su coste económico.

Asimismo, la portavoz parlamentaria del área de Comunicación del PSC recordó, tras conocer la resolución de la mesa de la Comisión de Control de RTVC, que García "sencillamente se ha negado, basándose en un informe, que no remitió por completo", a entregar las copias de todos los contratos suscritos por él, ni ha respondido a "los costes de su traslado al plató donde se celebró el primer debate entre Zapatero y Rajoy" que se realizó hace un año, durante la campaña electoral, "y que no se emitió por la TVC".

En su momento, García justificó que garantizado por TVE, Cuatro y la Sexta "el acceso de los ciudadanos" al debate que fue seguido por 13 millones de espectadores, "TVC decidió ofrecer su parrilla habitual para aquel otro sector de la audiencia carente del interés político necesario para seguir el debate electoral". No obstante, reconoció que "la magnitud del evento y el interés justifican plenamente la representación institucional en la persona del director general del ente" y que el gasto que conllevó el desplazamiento a Madrid "forma parte de las funciones y agenda de cualquier alto cargo".