Silencio sepulcral en los salones de la Justicia. El anuncio del Gobierno de Canarias de presentar una denuncia contra la magistrada Victoria Rosell por pronunciarse sobre la actuación del Ejecutivo en el 'caso Tebeto' ha sentado como una bomba intramuros de la judicatura. Nadie se moja sobre algo que nunca antes había ocurrido. El Gobierno de Paulino Rivero decidió romper el miércoles la delgada línea de la que pendían las buenas relaciones entre los dos poderes más criticados de la España actual y ha cogido con el paso cambiado a los jueces.

"Esto se ha salido de madres por completo. Los jueces deberíamos hablar lo menos posible, porque para nosotros la prudencia es muy importante", comentaba ayer un magistrado cuestionado al respecto por este periódico. Aunque otro juez en ejercicio admitía que "la libertad de expresión tiene unos límites un poco más amplios para los jueces que ejercen como portavoz de una asociación", como es el caso de la magistrada Rosell, representante de Jueces para la Democracia.

Lo cierto es que ayer en Vegueta se repasó a conciencia la letra pequeña de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante el insólito anuncio del portavoz del Gobierno regional, Martín Marrero: "Vamos a presentar una denuncia contra la magistrada Victoria Rosell" por sus declaraciones a la Cadena Ser al ser cuestionada sobre las críticas que había recibido desde el sector político al magistrado de la sentencia del 'caso Tebeto'.

RESPETO. Las declaraciones de la magistrada venían a pedir respeto a la sentencia del juez Gómez Cáceres, pero ayer ningún juez quiso opinar de forma pública sobre las manifestaciones de Rosell y sus consecuencias. Y un contraste muy significativo quedó patente: sólo 24 horas después de que se produjeran, las cuatro asociaciones judiciales salieron al paso de las críticas políticas que había recibido Gómez Cáceres por su sentencia de Tebeto, pero ayer la juez Rosell no recibió el mismo respaldo de los miembros de su carrera.

"A ver por qué las asociaciones no hacen un comunicado con este asunto", comentó el abogado Joaquín Sagaseta, miembro del colectivo de juristas Justicia y Sociedad. Ni siquiera Jueces para la Democracia, la asociación a la que pertenece Victoria Rosell, hizo pública ayer ninguna declaración oficial.

Para el Gobierno, las declaraciones de Victoria Rosell suponen una falta grave recogida en el Artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición". Pero tendrá que ser el órgano de gobierno de los jueces el que las analice, si finalmente se produce la denuncia del Ejecutivo.

"Denunciar a un juez no contribuye a mejorar las relaciones entre jueces y políticos", expuso otro magistrado, aunque lo cierto es que la guerra viene celebrando pequeñas batallas en los últimos tiempos que, hasta ahora, se habían resuelto en titulares de periódico.

En la apertura del año judicial, el presidente del TSJC Antonio Castro Feliciano pedía respeto a las decisiones de los jueces. Ahora es el Gobierno de Canarias el que alza la voz para pedir que se respeten sus actuaciones.