La magistrada que instruye el proceso en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Carla Bellini, y la fiscal de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, se han enfrentado a un gigantesco caso de corrupción que permanecerá para los anales de la historia de Canarias. Más de 80.000 folios, de los que unos 23.000 integran la primera parte del sumario, mientras que el segundo y último compendio atesora no menos de 53.000 papeles (exprimidos en un pendrive de 12,1 gigavatios).
Abogada de familia, Carla Bellini entró en la judicatura designada por el Parlamento a propuesta del PP. Se estrenó por todo lo alto al tocarle resolver la operación urbanística de Las Teresitas. La causa la ha absorbido hasta el punto que decidió interrumpir el 20 de julio de 2011 sus vacaciones para poder agilizar la instrucción del caso. No fue casualidad. Un día antes CC ofreció un paraguas a Miguel Zerolo para la tormenta judicial. El Comité Permanente de la formación le propuso como senador. Sin embargo, Bellini tomó impulso para agilizar la instrucción. Por su parte, la fiscal María Farnés ha demostrado su tesón y rigurosidad en el trabajo. Implacable, ha conseguido esquivar problemas importantes de salud y seguir al frente de las pesquisas. La labor de escudriñar hasta el más mínimo detalle ha corrido a cargo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial y la Agencia Tributaria, entre otros, que han tenido que sortear paraísos fiscales y un enredo societario descomunal. La policía indagó un millón de movimientos bancarios del ex alcalde santacrucero y más de 400.000 del presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González. Narciso Ortega fue el primer jefe superior de Policía de Canarias que asumió la investigación, al que luego siguió Concepción de Vega y, finalmente, el actual jefe, Julián Márquez.
