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1 Reducir los plazos de información pública, los informes técnicos y jurídicos y las memorias medioambientales es clave en la agilización de la tramitación administrativa del planeamiento. Por eso, en la nueva ley del Territorio se agilizará este proceso acortando tiempos y eliminando pasos. De cinco o seis procesos de información pública se pasará a dos.
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2 En la nueva ley se introducirán cambios que afectan directamente al proceso del planeamiento en los ayuntamientos. Se evitará los informes técnicos y jurídicos y se cederá la redacción de los planes a los despachos profesionales privados, que velarán por el cumplimiento de la normativa urbanística y de la legalidad vigente.
3 La solvencia y responsabilidad de los equipos profesionales estará acreditada en un registro oficial de la Comunidad Autónoma. Estos despachos estarán habilitados para presentarse a los concursos públicos, cuyo pliegos de condiciones elaborarán los municipios bajo la supervisión de la Comunidad Autónoma.
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