El Gobierno suprimirá los informes de los municipios en el planeamiento

La nueva Ley de Armonización del Territorio reducirá al mínimo la información pública de los planes generales y suprimirá los informes técnicos y jurídicos de los ayuntamientos y cabildos. El proceso para agilizar los plazos de tramitación del planeamiento supondrá también implantar un modelo "a la americana" en el cual cobrarán especial protagonismo los equipos profesionales, que asumirán la responsabilidad de que los planes cumplan con todos los requisitos legales y jurídicos.

La nueva norma que prepara el Gobierno canario establecerá un proceso de participación ciudadana para recoger las sugerencias que después se trasladarán al plan. En la tramitación actual, los planes se someten a información pública hasta en cinco o seis ocasiones debido a los múltiples defectos que jalonan el proceso, en muchas ocasiones de tipo jurídico. La nueva ley pretende acabar con esta situación para acortar los plazos, de tal forma que el planeamiento llegue a la Cotmac con la seguridad jurídica suficiente para que no tenga que retroceder y volver a someterse a información pública.

La Comunidad Autónoma creará un registro de despachos profesionales que deberán contar con un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros, abogados y otros especialistas en urbanismo. El Ejecutivo les acreditará y les podrá sancionar y retirarles la acreditación por varios años si incumplen la legislación y la normativa vigente en la redacción de los planes que se les encarguen por concurso público.

Tramitación

El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, estima que la tramitación de un plan puede estar en un año o año y medio, cuando en la actualidad tardan hasta más de cinco años. Berriel confía en que la profesionalización en la redacción del planeamiento evite los vaivenes políticos que han ralentizado en los ayuntamientos la aprobación de los planes generales.

El solo hecho de haber abierto el debate sobre el planeaminto es ya de "una gran importancia", explicó el presidente del Grupo Hermanos Domínguez (HD), José Abraham Domínguez. "Es algo muy necesario", continuó el empresario, "que después de tantos años" las administraciones "inicien el camino" para crear un marco jurídico "claro" en el que el empresarios sepa que puede moverse.

A esa misma necesidad de contar con marcos jurídicos que no dejen lugar a la duda aludió el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco. "Es necesario tener unas leyes de planeamiento claras, porque nadie va a invertir si no está seguro de que un plan de ordenación que llegue con posterioridad puede derruir aquello en lo que has decidido poner tu dinero", señaló el presidente cameral.

Regulación

El exceso de regulación, al que también aludió ayer en su discurso de Navidad el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña, es una de los principales obstáculos que deben superar los empresarios. Así lo afirmó el presidente de Atlantis Publicidad, Alberto Cabré, para quien resulta "muy negativo contar con 17 leyes sobre el territorio". Este hecho crea en los empresarios "una inseguridad que ahuyenta la inversión" de las Islas.

Desde la sectorial de la construcción, su presidenta, Salud Gil, aseguró que la principal esperanza de los empresarios reside en su propia actuación. "Lo espero todo de nosotros", señaló en referencia a que se proponen hacer un continuo esfuerzo para mantener vivo el diálogo con el Gobierno canario hasta llegar a una solución que les permita acometer inversiones. Gil incidió en que "cuando un empresario crea negocio no es para un fin particular", sino que, siempre según sus palabras, está poniendo las bases para la creación de empleo y haciendo, en suma, "una aportación a la sociedad", explicó la presidente de la patronal de la construcción.