La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió ayer un comunicado para negar la acusación de que los jueces sustitutos son nombrados a dedo por su presidente, Antonio Castro Feliciano. La denuncia fue remitida a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el presidente en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Salvador Alba. La Asociación de Fiscales (AF), por otro lado, defendió su función de "velar por la independencia de los Tribunales", que ha sido puesta en duda en el escrito de la APM al denunciar el caso de una juez que habría dictado sentencias siguiendo los escritos de calificación de su marido. Unas "irregularidades", aseveró la AF, "que ya fueron desestimadas".
En el escrito que la presidencia del TSJC envió ayer, se explica cuál es el modus operandi en los llamamientos de los jueces sustitutos. En los criterios, explica el texto, "se tiene en cuenta la jurisdicción en la que ha actuado con mayor asiduidad, así como la antigüedad en su toma de posesión como juez sustituto, respetando, por tanto, la experiencia en el orden jurisdiccional y la experiencia general, sin intervención arbitraria por ninguna autoridad judicial".
En el comunicado se afirma, además, que los criterios de designación "ya han sido objeto de debate en dos plenos de la Sala de Gobierno" y que "es absolutamente falso que los escritos presentados por Salvador Alba no hayan recibido respuesta, lo que le consta al magistrado".
Alba, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, denunció los hechos ante el CGPJ el pasado 23 de diciembre, al entender que las adjudicaciones son "irregulares", se "limitan los derechos estatutarios de los jueces y magistrados" y, en definitiva, "se muestra el deficiente estado de la Administración de la Justicia canaria".
La APM solicita en su escrito que las plazas vacantes salgan en oferta pública en régimen de comisión de servicios para que sean cubiertas por jueces profesionales en lugar de sustitutos y se establezca un orden de llamamiento de magistrados.
La presidencia del TSJC explica al respecto que cuando la baja de un juez se prevé de larga duración, "se oferta la plaza a los jueces y magistrados titulares en comisión de servicios sin relevación de funciones, que se publica en la extranet del CGPJ". Además, explica que "este sistema es indispensable para prestar el servicio público de la Administración de Justicia y no cerrar los juzgados ante situaciones de baja por enfermedad, licencias por estudios y otras incidencias que afecten a los titulares".
Sin magistrados suficientes
El escrito presentado por la APM también reflejaba la situación de la Sala de lo Social del TSJC, cuyo presidente es Humberto Guadalupe, y se solicitaba al CGPJ que se dividiese en dos secciones porque había magistrados suficientes. Sin embargo, el TSJC lo niega y asegura que "no ha sido posible por no contar con número suficiente de magistrados".
En el comunicado se explica que "hasta el 5 de enero del presente año, la Sala estaba formada por cinco magistrados, estando vacante desde hace varios años la plaza de magistrado especialista. En la actualidad, y por jubilación de uno de los que la componían, la Sala cuenta sólo con cuatro sin que parezca posible la oferta de comisión de servicios sin relevación de funciones".
Denuncias archivadas
La Asociación de Fiscales (AF) remitió también un comunicado para rechazar la denuncia de la APM de que había una juez sustituta que había dictado sentencias siguiendo el escrito de calificación provisional de su marido, redactado en una fase previa y en otro juzgado.
La AF, "sorprendida" y "molesta" por las acusaciones, recordó que "las irregularida- des denunciadas fueron ya desestimadas tanto por la Sala de Gobierno del TSJC como por la Comisión Disciplina- ria del CGPJ, órganos donde el Ministerio Fiscal se pronun- ció de manera clara y rotunda acerca de la inexistencia de infracción alguna".
La presidencia del TSJC, por su parte, aclaró que estas denuncias, "incoadas por queja de Alba, fueron archivadas en mayo".
En el texto remitido por la delegación de Las Palmas, se reitera el "estricto cumplimiento por parte de esta Fiscalía de las normas de abstención y recusación legalmente establecidas". Por este motivo, rechazan "enérgicamente estas manifestaciones en la medida en que siembran la duda sobre el recto ejercicio de la función encomendada al Ministerio Fiscal de velar por la independencia de los Tribunales".
