Canarias advierte que tiene la competencia para autorizar prospecciones
El comisario del Gobierno de Canarias Fernando Ríos ha explicado que la base jurídica es el Estatuto de Autonomía
El comisario del Gobierno de Canarias para el Dasarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha asegurado hoy que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Aguas Canarias son la base jurídica para que sea Canarias la competente para autorizar las prospecciones petrolíferas.
Ríos ha explicado en un comunicado que la autorización para realizar prospecciones es un asunto interno, propio del Estado de las autonomías que consagra la Constitución Española, que nada tiene que ver con el derecho internacional.
El comisario ha resaltado que la discusión en este momento se centra en quién autoriza dentro del propio Estado español, "tanto da" que las otorgue el Ministerio de Energía que la Consejería del ramo del Gobierno de Canarias.
"Es nuestro Estatuto y la Ley de Aguas Canarias la base jurídica para que sea Canarias la competente para autorizar las prospecciones", ha señalado Ríos.
El comisario ha argumentado que La Ley de Aguas Canarias vigente establece que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente.
Además, ha recordado Ríos, "nuestro Estatuto nos atribuye competencias de desarrollo normativo y ejecución en energía, es decir, en prospecciones petrolíferas, sean en tierra o en el mar, como es este caso".
El comisionado ha subrayado que el ministro José Manuel Soria "no tiene credibilidad ninguna, porque hay que decir alto y claro que cuando era vicepresidente recurrió con el Gobierno de Canarias hasta cuatro leyes estatales, alguna de su actual Ministerio, porque determinadas competencias, en contra de lo que establece nuestro Estatuto, se las arrogaba el Estado".
"Fue Soria quien como vicepresidente lideraba las negociaciones con el Gobierno del Estado y, al no llegar a acuerdos con los distintos ministerios, se recurrieron esas normas al Tribunal Constitucional, las cuales están pendientes de sentencia", ha recalcado.
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