La bajada del gasto público para el próximo año dificulta la elaboración de las cuentas

La sombra de más recortes se cierne sobre la Sanidad pública ante las nuevas medidas de ajustes del déficit y de la deuda adoptadas en los últimos meses por el Gobierno central y que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir. El techo del gasto público para el próximo año estará por debajo de los 6.000 millones de euros cuando sólo Sanidad absorbe cerca de 3.000 millones y Educación unos 1.700 millones. Esta situación deja un escaso margen de maniobra al Ejecutivo regional a la hora de elaborar los presupuestos del próximo año.

Según afirman los sindicatos, en la última Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada a finales del pasado mes de julio, la propia directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Juana María Reyes, reconoció que más ajustes en el gasto sanitario serán a costa de reducir los servicios y las prestaciones básicas, cosa que hasta ahora se ha intentado evitar cargando el principal peso de los recortes sobre las retribuciones del personal y las inversiones en infraestructuras.

Los sindicatos vaticinan algo similar en el caso de que haya más recortes en 2013, es decir, que será prácticamente imposible no tocar las prestaciones sanitarias. Las centrales sindicales dan por hecho el cierre de determinados servicios hospitalarios, sobre to-do aquellos que dispongan de varias unidades como podría ser el caso de Medicina Interna, que, además, cuenta con varias plantas, lo que se podría traducir en cierres de camas.

El principal argumento para cerrar algunas plantas hospitalarias en verano es la disminución de la demanda y para ahorrar costes, pero los sindicatos temen que en algunos casos estos cierres se prolonguen más allá de los meses estivales si no hay fondos para pagar nuevo personal con que dotar a los servicios clausurados.

El Gobierno canario ha vuelto a reiterar que se hará lo posible por no tocar los servicios públicos esenciales, pero tras lo sucedido en los presupuestos de 2011 y 2012 los trabajadores y centrales sindicales se muestran escépticos y se prevé un incremento de la conflictividad ante los ajustes que se avecinan.