Acuerdos entre caras serias

La adustez en la expresión fue una de las notas características en el inicio de la V Conferencia de Presidentes que ayer se celebró en el Senado. No era para menos pues la cumbre se inició con la mala noticia del incremento del paro en septiembre y con los constantes rumores sobre la inminente solicitud de rescate a la UE, lo que añadió tensión al debate que el presidente Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos, iban a iniciar tras el breve desayuno con el Rey y el Príncipe de Asturias. El presidente canario, Paulino Rivero, no era de los más serios pese a ser uno de los que, en los días previos a la cita, más dramatismo imprimió sobre la significación del encuentro, que debía marcar "una antes y un después" en el debate sobre el reparto territorial de lo fondos del Estado.

Rivero asistió acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, quien se encargó de analizar la propuesta realizada por el Ejecutivo central sobre el compromiso de cumplimiento del objetivo de déficit y los otros puntos del orden del día de la cumbre. Canarias exigió reformas para no perder fondos estatales con los que costear los servicios básicos que presta la comunidad. La conclusión final fue bastante poco para la urgencia con que Rivero reclama esa revisión, pero le sirve para dar por amortizado el viaje a Madrid. Una revisión sin plazo y con una vaga remisión al Consejo de Política Fiscal y Financiera no es para tirar voladores, pero mucho si se tiene en cuenta que los barones del PP no querían abrir esa agenda.

Según Rivero, el hecho de que sólo la discusión sobre si esta cuestión entraba o no en la declaración final da una idea de hasta qué punto no estaba en el programa ni de Rajoy ni de sus barones, pero seguramente fue el precio que tuvo que pagar el Gobierno y el PP para que tanto algunos socialistas, sobre todo José Antonio Griñán, el presidente de Andalucía, como el propio Rivero, o incluso el catalán Artur Mas (olvidando por un instante su proyecto soberanista) apoyaran la declaración de mínimos consensuada.