La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) denunció ayer el incumplimiento de la Ley 1/2007 de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y exigió al Gobierno canario un aumento de las partidas presupuestarias para los servicios sociales e incrementar la extensión de la cobertura protectora. Según este colectivo, la PCI sólo llega a una de cada cien personas que tendrían derecho a la misma.

Redesscan presentó un informe sobre la situación de la ley y sus alternativas ante el Diputado del Común, la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), al ser los ayuntamientos los principales administradores de estas ayudas destinadas a las personas y familias más vulnerables.

La portavoz de este colectivos de trabajadores y colectivos sociales, Koldobi Velasco, explica que 20 de los 40 artículos de los que se compone la norma se incumplen por parte del Ejecutivo regional. Actualmente los beneficiarios de la PCI son cerca de 10.000 personas en Canarias, cuando la realidad es que el 35,3% de los residentes en las Islas se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Asimismo, esta ayuda apenas llega a menores de 25 años y mayores de 65 años y tampoco llega a personas que se han quedado sin casa, inmigrantes o colectivos en situación de exclusión severa.

Asimismo, Redesscan advierte que los beneficiarios de la ayuda se mantienen por debajo del umbral de la pobreza ya que la PCI tiene una cuantía de 470 euros al mes, con un año de cobertura con posibilidad de renovación de otro.

Asimismo, este colectivo, donde también está integrado el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Las Palmas, advierte de que la financiación es insuficiente ya que con 21 millones de euros no se llega ni a mitad de año.

Redesscan plantea entre sus alternativas un aumento de las partidas presupuestarias para los servicios sociales y una financiación estable y suficiente en el tiempo. Asimismo, exige un aumento de la estabilidad de los profesionales para garantizar los derechos sociales y que se extienda más la cobertura de la PCI.