El Diputado del Común es un lujo para Canarias. Así de rotundo se muestra el Partido Popular, que exige una vez más que desaparezca la institución que encabeza Jerónimo Saavedra y que sus funciones sean asumidas por el Parlamento, institución de quien depende. El diputado del PP Emilio Moreno asegura que cada queja de los ciudadanos planteada al Diputado del Común en 2012 costó al erario público 1.828 euros y que la institución sólo recibió 1.586 reclamaciones el pasado año de los más de dos millones de habitantes que hay en Canarias.

"El informe anual del Diputado del Común confirma, año tras años, que es una institución ajena a los canarios -apenas el 0,07% de la población presenta alguna queja- y no se sostiene que siga gastando millones de euros cada año en una red propia de asesores y oficinas en las siete islas de la Comunidad Autónoma", critica el parlamentario popular.

Moreno insiste en que los canarios "no necesitan al Diputado del Común" ya que se dispone de registros en todas las sedes de las administraciones públicas que están habilitadas para dirigir sus quejas, cuenta con vías para dirigirse al Parlamento regional "y, en última instancia, como todos los españoles, tienen a su servicio al Defensor del Pueblo".

El representante del PP recuerda que la institución que dirige Jerónimo Saavedra cuenta con un presupuesto cercano a los tres millones de euros, por lo que su mantenimiento "es un lujo" para Canarias. Para Moreno, los 60 diputados ofrecen el mismo servicio y ahorran mucho dinero al contribuyente.

Jerónimo Saavedra presentó recientemente en la Cámara autonómica el informe correspondiente al pasado año en el que reitera las quejas más habituales de los ciudadanos y colectivos canarios, haciendo especial hincapié en las listas de espera sanitarias o en el cumplimiento de la Ley de Dependencia. Asimismo, Saavedra ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que plantee un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos canarios de 2013 por la reducción del 20% a los empleados públicos.