Los 200 millones de euros extras en que podrá endeudarse la Comunidad Autónoma por el incremento en el objetivo del déficit para este año se destinarán preferentemente a medidas de dinamización económica y no a gasto social. El objetivo de la Consejería de Políticas Sociales de incrementar los fondos de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) no concuerdan con las restricciones presupuestarias y con las prioridades de la Consejería de Economía y Hacienda, que no quiere destinar todos los nuevos fondos a medidas sociales. Para Hacienda la salida de la crisis debe realizarse estimulando la economía y aplicando políticas que mejoren la financiación de las empresas con el fin de que generen empleo.
La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, anunció recientemente la modificación de la ley que regula la PCI para agilizar los trámites y, sobre todo, para aumentar los perfiles de los colectivos que pueden acceder a esta ayuda básica de entre 470 y 658 euros. Esta ampliación en los objetivos también implica destinar más fondos, extremo que confirmó el domingo el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, en su blog personal, para el cual la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción supone "la revisión de su actual ley reguladora, adaptándola a la nueva realidad socioeconómica, mejorando sustancialmente su gestión y garantizando la financiación necesaria". Asimismo, Rivero apunta a la creación de un fondo específico de recursos adicionales para afrontar el extraordinario incremento de los sectores vulnerables.
La representante de los trabajadores sociales en la mesa creada por el Gobierno para diseñar el Plan Estratégico contra la Pobreza, Koldovi Velasco, advierte de que sólo han sido convocados a una reunión y están pendientes de otra, mientras que hasta ahora el Ejecutivo no ha concretado una ficha financiera adecuada para cubrir las necesidades sociales que está provocando el agravamiento de la crisis. Velasco recuerda que la partida destinada a la PCI se redujo un 10 % este año con respecto a los presupuestos de 2012, mientras que bajaron un 18 % varias partidas incluidas en bienestar social, por lo que duda que el Ejecutivo encuentre las partidas necesarias para cubrir todas las demandas.
Velasco añade que "la PCI tendría que dar respuesta a la gran cantidad de colectivos y familias en riesgo de exclusión social". Por ello, en la próxima reunión del Consejo General de Servicios Sociales va a solicitar más información sobre los objetivos del plan contra la pobreza y una PCI que llegue a todos los colectivos desfavorecidos.
