El Gobierno de Canarias no está dispuesto a olvidarse del asunto una vez que pague a Caixabank los 5,2 millones de euros a los que está obligado como avalista de la empresa Vanyera. Muy al contrario, el Ejecutivo seguirá investigando para depurar responsabilidades y recuperar esa cantidad. "Llegaremos hasta el final", anunció ayer el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, en el Pleno del Parlamento. Y eso significa "aclarar qué sucedió y por qué sucedió".
El consejero respondió así a una pregunta del diputado socialista José Ignacio Álvaro Lavandera, quien confesó sentir "frustración e indignación" por este desembolso que tiene que hacer el Gobierno. "Ahora toca pagar, pero no al responsable", indicó en alusión al ministro José Manuel Soria, que era consejero de Economía y Hacienda cuando se concedió el aval a Vanyera, en el año 2008, previa autorización del Parlamento.
En aquel momento, la Cámara regional dio el visto bueno a que el Gobierno respaldara operaciones de crédito para dar viabilidad a esa empresa de catering que prestaba servicios a los comedores escolares públicos. González Ortiz recordó que fue el Parlamento quien aprobó por unanimidad la concesión del aval a Vanyera.
Posteriormente, un decreto del Gobierno mandató a la Consejería de Economía y Hacienda para realizar los trámites y supervisar la operación. En ese decreto se encomendó a la Consejería requerir a Vanyera constituir en el plazo de un mes la garantía que respaldaba el aval, elegir otra distinta si la ofrecida no era suficiente, desistir de la operación si la empresa no cumplía con estos requerimientos y controlar e inspeccionar a la sociedad para verificar la operación.
Sin embargo, los responsables de la Consejería que dirigía Soria no requirieron la constitución de esa garantía ni se llevó a cabo valoración técnica alguna sobre si ésta era suficiente ni se realizara su necesaria inscripción registral. "La ausencia de esta inscripción, una condición indispensable para incorporar las deudas de forma preferente en el concurso de acreedores al que estaba sometido la entidad, fue la causa por la que el Gobierno de Canarias perdió todos los derechos de cobro durante la liquidación y posterior venta de la empresa", relató el consejero.
Los servicios jurídicos consiguieron, sin embargo, rebajar en un millón de euros la cifra inicialmente reclamada en concepto de costas e intereses y limitando, apuntó Ortiz.
En opinión de Álvaro Lavanda, la responsabilidad cae directamente en José Manuel Soria, "un político que entonces estaba centrado en hacer méritos para ocupar un sillón ministerial en lugar de velar por el interés general". Por eso, ayer preguntó al Gobierno si se depurarán responsabilidades.
A esta cuestión, González Ortiz contestó afirmativamente y añadió que, una vez aclarado todo, "ejerceremos todas aquella acciones encaminadas a restituir esta cantidad". No obstante, informó de que antes habrá que esperar a las conclusiones de los servicios jurídicos.
Plan de empleo
No fue el asunto del aval de la empresa grancanaria la única causa de enfrentamiento entre el Gobierno y el grupo del Partido Popular. El empleo volvió a salir a la palestra, esta vez para reclamar a la bancada que apoya al Gobierno de Paulino Rivero (CC y PSOE) a rebelarse contra "la autocomplacencia y la resignación" del presidente, porque de no hacerlo "los que hoy agachan la cabeza a su lado mañana pedirán la suya".
Antona, que preguntó en la Cámara regional sobre la evolución del desempleo en las Islas, en donde en mayo subió mientras que bajó en el conjunto de España, afirmó que el presidente es "un obstáculo para Canarias". Por eso invitó a los diputados de CC y PSOE a que se sumen a la estrategia contra el paro propuesta por el grupo Popular.
