El informe encargado por el Gobierno canario a José Antonio Martín Pallín, exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, determina que existen suficientes irregularidades como para que pueda haber un posible delito de prevaricación en el proceso de autorización de los sondeos petrolíferos a Repsol. El jurista acaba de entregar el documento al Ejecutivo de Paulino Rivero, que ahora debe decidir si inicia un litigio penal contra el Estado, aunque Repsol haya ya anunciado que no ha encontrado crudo y que abandona los sondeos en aguas cercanas a las Islas definitivamente.
El documento del penalista gallego, que se encuentra estos días en Canarias para participar en unas jornadas sobre la memoria histórica, se fundamenta en la "arbitrariedad" de la toma de decisiones de las administraciones que participaron en dar vía libre a los sondeos, como el Ministerio de Industria -que autorizó las catas- y el de Medio Ambiente, que resolvió favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Repsol, según fuentes consultadas.
Cuando recibió el encargo de Paulino Rivero, el pasado diciembre, Martín Pallín explicó que su gabinete de abogados iba a analizar si se había hecho "un análisis científico riguroso" sobre las prospecciones de Repsol o si se "falsearon, alterado u omitido algunos datos" durante el proceso de autorización. Expuso entonces que se debía definir "primero si los hechos presentan apariencia de delitos de prevaricación o falsedad o si aparecen otros. Y en segundo lugar, quién es el autor de los informes".
El documento del penalista indica que pueden haber agravios comparativos y arbitrariedad en la toma de decisiones con respecto a otros procesos, como en Baleares o Málaga y, por tanto, ve indicios de prevaricación, según señalan las citadas fuentes. Cabe recordar que Rivero optó por contratar al jurista a principios del mes pasado, tras conocer el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente desfavorable a los sondeos de la petrolera Cairn Energy frente a Baleares, organismo este que, sin embargo, informó a favor de las prospecciones de Repsol.
El presidente anunció entonces que estudiaba emprender acciones penales contra funcionarios y autoridades políticas que han intervenido en los expedientes de prospecciones de Canarias, Baleares, Valencia y Málaga.
El documento que ya ha concluido Martín Pallín se suma a las conclusiones del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Luis Helmuth Moya Meyer, en el voto particular que formuló en el último auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre los sondeos, el pasado 16 de enero.
Este magistrado discurre que ha habido desviación de poder en las actuaciones administrativas del Ministerio de Industria y del órgano medioambiental para permitir las catas de Repsol. Además, no cree que la compañía no haya encontrado crudo y sostiene que está ocultando las verdaderas razones por las que no continúa con los sondeos.
Al respecto, el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, -que puede ser destituido hoy en su cargo en el Gobierno tras darse de baja en Coalición Canaria con duras críticas a la formación que preside el propio Rivero- sostiene que no ve descabellado el contenido del voto particular de Helmut Moya.
De hecho, asevera que desde un principio ha habido "connivencia" entre el Ministerio de Industria, que preside José Manuel Soria, y Repsol. Cree que el anuncio de la compañía relativo a que no ha encontrado crudo responde a que se acercan las elecciones autonómicas de mayo, y el hallazgo de crudo o continuar con los sondeos perjudicaría al PP, que preside Soria en las Islas, de cara los comicios.
Ríos expone que el Gobierno se personará la próxima semana en el Ministerio de Industria para pedir los informes que Repsol debe haberles entregado sobre su proyecto de investigación, así como los resultados de las muestras obtenidas en el pozo Sandía, a una distancia de entre 50 y 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
Por su parte, el subsecretario de Industria y Energía, Enrique Hernández Bento, tilda de "esperpéntico" el voto particular del magistrado del TSJC y rechaza las afirmaciones de que Repsol no dice la verdad.
"Repsol no ha encontrado hiodrocarburos, ha anunciado que se va y que no vuelve, todo el proceso para la autorización ha sido transparente, la empresa se ha gastado 200 millones y ha fracasado. El tema está zanjado", sentencia.