La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife se ha mostrado crítica con el anteproyecto de reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística para permitir la construcción de hoteles de nueva planta de inferior categoría a las cinco estrellas, y acusa al Gobierno regional de plegarse y favorecer los intereses de los empresarios del sector en Gran Canaria quienes se opusieron desde un principio a que no se pudieran construir nuevos hoteles de cuatro estrellas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Aquel documento inicial fue recurrido por el Ministerio de Turismo ante el Tribunal Constitucional, que lo suspendió cautelarmente en marzo de 2014 pero que, cuatro meses más tarde, revocó la suspensión.
La institución tinerfeña muestra así su profunda preocupación ante el anteproyecto de reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y también por el borrador del decreto de Alquiler Vacacional, cuya redacción final -a juicio de la Cámara de Comercio- pueden poner en peligro el futuro de un sector que es estratégico para la economía de las Islas y que genera más del 30% del PIB del Archipiélago.
Desde la Cámara de Comercio tinerfeña se insta al Gobierno de Rivero y al conjunto de las formaciones políticas a que defiendan un modelo de industria turística basado en la "excelencia y la calidad", que permita a las Islas seguir posicionándose como un destino mundial de referencia.
La Cámara de Comercio comparte las tesis de la patronal hotelera Ashotel, que aboga por analizar con tiempo estas importantes normativas y no a pocos meses de las elecciones del próximo mes de mayo, para evitar errores de los que arrepentirse en el futuro. A juicio del presidente de la Cámara, José Luis García Martínez, "el Gobierno tiene que legislar marcando unas reglas de juego claras e iguales para todos, favoreciendo el interés general del destino Canarias y alejándose de los intereses especulativos de unos pocos". Considera que el último paso dado por el Gobierno de Canarias, al reformar la citada norma para permitir la construcción de nueva planta de categoría inferior a cinco estrellas, pone en riesgo el interés global del destino Canarias para favorecer el de un reducido grupo de empresarios grancanarios interesados en especular con el suelo para nueva planta antes que renovar complejos obsoletos.
La institución cameral coincide también con la patronal Ashotel en que la única forma de no caer en la obsolescencia del destino es creciendo en calidad y no tanto en cantidad, renovando lo viejo antes que construyendo nuevo. Resulta sintomático, según García Martínez, que en algo más de año y medio de vigencia de la Ley de Renovación aún no exista ningún Plan de Modernización aprobado en la provincia tinerfeña, mientras que en la provincia de Las Palmas cuenten ya con cuatro planes en marcha . En cuanto al borrador de decreto de Alquiler Vacacional, la Cámara considera "acertada" la regulación de un sector importante de la economía sumergida, porque de esta manera se puede combatir la competencia desleal y el intrusismo de esta actividad alegal.
La Cámara de Comercio confía en que el Gobierno siga protegiendo el intenso trabajo que hay detrás de la marca Canarias y sea igual de "exigente y meticuloso" en sus planteamientos con el sector del alquiler vacacional como lo ha sido con los empresarios turísticos. De ahí que la institución reclame "igualdad en la regulación, ya que no es razonable ni justo generar una convivencia forzada entre un sector hiperregulado como es el hotelero con otro, el del turismo vacacional, cuya regulación, en estos momentos, apunta hacia un relajamiento de las exigencias". La Cámara aboga por que el alquiler de viviendas vacacionales compita en un mercado turístico con las mismas reglas de juego.
Tampoco comparte que se pueda mezclar el uso turístico y residencial, no solo en las áreas turísticas, sino que abra la mano a la explotación turística de viviendas situadas en edificios residenciales. Cree que permitir esa mezcla de usos es "pervertir" el modelo turístico que se ha defendido siempre desde el sector empresarial y de las administraciones.
